No es la primera vez que Francia debe afrontar la muerte de un adolescente por un disparo de la Policía. El suceso de Nanterre es el tercero registrado en controles de tráfico en lo que va de año, después de los trece contabilizados en 2022. La mayoría de las víctimas son de origen norteafricano o árabe. En esta ocasión, a la lógica conmoción de todo el país se suman llamamientos «a la calma», con Emmanuel Macron a la cabeza. Porque la prioridad es contener el incendio desatado ya en varias ciudades de la periferia de París, con su conocido saldo de agentes heridos, detenidos y vehículos quemados. La máxima celeridad en las investigaciones sobre el supuesto homicidio voluntario que acabó con Nahel M. contribuiría a la recuperación de la paz social, que esta mañana vivirá una prueba de fuego durante la marcha de recuerdo convocada por la madre del fallecido. Las duras condenas desde el mundo político al proceder del funcionario investigado, sustentadas en los vídeos que recogen los hechos, han llevado a los sindicatos policiales a reclamar la presunción de inocencia. Y a los grupos de derechos civiles, a reiterar sus acusaciones de racismo a las fuerzas de seguridad.