Entre tumbas idénticas alineadas en dirección a La Meca, los restos de Mohamed Alí Adam B., nacido en 1987 en Sudán según indica una pequeña placa cerámica, reposan desde abril en el cementerio Sidi Salem de Nador, en el norte de Marruecos. Es la única víctima mortal que ha podido ser identificada por sus familiares tras el asalto de cerca de 2.000 subsaharianos a la valla fronteriza de Melilla, que hace un año se cobró al menos 23 muertes. El resto de los cadáveres siguen depositados desde entonces en la morgue de Nador, a la espera de recibir un nombre que les saque del olvido en las cámaras refrigeradas y puedan ser sepultados en contacto con la tierra, de acuerdo con el rito islámico. ONG locales, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) e internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acusan a las autoridades de Rabat de poner trabas al reconocimiento de los cuerpos mediante la observación directa. Los servicios forenses marroquíes se han limitado hasta ahora a solicitar muestras de ADN a quienes indagan el paradero de sus parientes y a mostrar fotografías de los restos humanos conservados.

Solo dos familiares llegados desde el Reino Unido, donde recibieron asilo tras abandonar Sudán, acompañaron a Adam en el sepelio. Uno de sus hermanos pudo identificarle en la morgue del hospital Hasani. Fue hace casi tres meses. El sábado no se observaban plantas cuidadas sobre la tierra que cubre su desolada tumba, como en muchos otros sepulcros del camposanto. Dos docenas de sepulturas fueron excavadas en la tierra poco después del 24 de junio de 2022, aunque todavía permanecen vacías en un extremo del recinto. La AMDH denunció entonces que las autoridades se disponían a ordenar la inhumación de los subsaharianos sin haberlos identificado antes.

“Las familias de las personas fallecidas [en el asalto a la valla] o desaparecidas [entre 70 y 76, según las fuentes] están atrapadas en la incertidumbre ante el aparente encubrimiento de las autoridades (…) que obstaculiza sus intentos de averiguar lo que sucedió a sus seres queridos”, asevera Amnistía Internacional en un comunicado hecho público en el aniversario de la tragedia de la frontera de Melilla. “Un año después, sigue habiendo cadáveres en la morgue y se ha bloqueado el proceso de identificación de las personas fallecidas e informar a sus familiares”, afirma Agnès Callamard, secretaria general de la ONG fundada en Londres, que critica a las autoridades de Rabat por no haber hecho ningún intento para repatriar los cuerpos de las víctimas.

La sección de Nador de la AMDH insistió el sábado, durante la presentación de un informe sobre el asalto a la valla, en que los familiares de las víctimas, algunos venidos desde países como el Reino Unido, Omán o Noruega, no han podido identificar sus restos debido a las cortapisas que han interpuesto las autoridades, que nos les han permitido ver los cadáveres. La AMDH lleva a cabo un lento y difícil trabajo para recabar datos a través de las redes sociales entre familiares de subsaharianos que han sido dados por desaparecidos. Pretende crear una base de datos con imágenes e información personal. Sin embargo, esta ONG critica a las autoridades marroquíes por no haber facilitado visados y ayudas económicas a los familiares sudaneses para que puedan viajar hasta Nador.

Human Rights Watch sostiene en su informe sobre la tragedia de la valla de Melilla que “la falta de acceso a la información oficial ha sido devastadora para las familias”. La ONG de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York reconoce que las autoridades marroquíes han efectuado autopsias a los 23 cadáveres de víctimas de los hechos que han contabilizado, pero cuestiona que a los familiares que han podido permitirse viajar hasta Nador no se les haya autorizado a examinar los cadáveres en la morgue, y en contrapartida solo se le han mostrado fotografías.

Esta organización cita el caso de un joven de Jartum de 24 años que lleva dado por desaparecido desde el 24 de junio del año pasado. Su hermano, que no ha sido identificado por razones de seguridad, ha firmado la siguiente declaración: “Vi vídeos [del asalto] en las redes sociales, pero no puedo confirmar si mi hermano se encontraba allí. Todos estamos muy tristes, porque no está claro en absoluto”. También refiere casos de familiares que viven en Sudán y en Europa que se han enfrentado a serias dificultades para poder obtener un visado para viajar a Marruecos, que en al menos dos casos han sido denegados.

Otro sudanés contactado por HRW ha asegurado a su vez que su hermano Ahmed, de 23 años, le había dicho que iba a intentar saltar la valla fronteriza con Melilla ese mismo día. No sabe si está muerto o en la cárcel. “Estoy viviendo el mismo drama que otras familias”, reconoce. Le pidieron que enviara muestras de ADN a Marruecos para cotejarlas con otros restos, pero el estallido de un nuevo conflicto interno en Sudán ha impedido que pueda viajar hasta Jartum desde una zona alejada para poder hacerse la prueba.

En las conclusiones de su informe, Human Rights Watch recomienda a los Gobiernos de España y Marruecos que acuerden una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre lo ocurrido, después de que las fiscalías de ambos países hayan archivado las investigaciones que abrieron. “Las autoridades marroquíes, con el apoyo de España y Sudán, deben trabajar con diligencia para recoger y analizar muestras de ADN de los familiares, identificar a los muertos, informar a las parientes y organizar la entrega de los restos a los familiares para darles sepultura según sus deseos”, precisa la organización.

“Militarización” en respuesta a la presión migratoria
Omar Naji, responsable de la sección de Nador de la AMDH, ha asegurado que todavía quedan migrantes subsaharianos en los alrededores del monte Gurugú, de donde descendieron en masa hace un año para irrumpir en España a través del puesto fronterizo melillense del Barrio Chino. “Se han ido casi todos ante una política migratoria de España y Marruecos basada exclusivamente en la seguridad y que ha militarizado la zona”, precisa. ONG locales estiman que un mínimo de 2.000 y un máximo de 4.000 sudaneses siguen ocultos en Marruecos, en particular en el área de Uchda, en la frontera con Argelia, y la de Casablanca, la capital económica.

Mustafá Znaidi, coordinador general de la ONG Proyecto de Asistencia y Protección a los Refugiados y Solicitantes de Asilo en Marruecos, advierte de que el país magrebí es signatario de una convención de la Unión Africana que le obliga a ofrecer asistencia a quienes huyen de otros Estados en conflicto del continente. “El Gobierno debería otorgarles una tarjeta de identidad como refugiados, y facilitarles el acceso a servicios médicos, de educación y de formación y empleo, pero el proceso de tramitación de las peticiones está colapsado desde hace tiempo y son las ONG marroquíes las que les prestan estos servicios”, puntualiza en una conversación telefónica desde Casablanca.

Para los refugiados subsaharianos, la vía de escape hacia Europa a través de las fronteras terrestres con las ciudades autónomas españolas parece haberse cerrado. El Ministerio del Interior de Marruecos solo ha abortado este año un intento de asalto a las vallas fronterizas, en abril en Ceuta, frente a los 16 que aseguró haber contenido el año pasado, informa la agencia Efe. En los últimos cinco años, los servicios de seguridad de Rabat dicen haber impedido un centenar de asaltos a ambas plazas españolas en los que participaron más de 17.000 migrantes. En los cinco primeros meses de 2023, las autoridades marroquíes aseguran haber impedido la salida del país por diferentes vías de un total de 25.519 migrantes irregulares. En la morgue de Nador también se encuentran depositados unos 40 cadáveres de migrantes víctimas de naufragios en aguas próximas, también pendientes de identificación, según ha informado la AMDH.