La controversia suscitada en los últimos días en torno a la política de actuación de la Policía Nacional de Irun en materia de Extranjería vivió ayer un nuevo capítulo. Después de que un inspector jefe de brigada fuera expedientado la semana pasada por firmar la orden que concedía a los agentes días libres en función de los migrantes que detuvieran, el sindicato Jupol respondió este martes que la apertura de expediente «no depuraba» todas las responsabilidades y pidió al Ministerio de Interior «el cese» de sus dos superiores, el comisario en Irun y el jefe de la Unidad de Extranjería. El departamento de Fernando Grande-Marlaska, sin embargo, notificó ayer el ascenso de este último a comisario junto a otros 23 en todo el Estado.

Jupol afea el nombramiento ya que «en lugar de abrir una investigación rigurosa y depurar responsabilidades», Interior «vuelve a dejar en evidencia su posicionamiento favorable a los responsables» de la comisaría, al «premiar» al jefe de la Unidad de Extranjería.

Protocolo «ilegal» desde 2018
En su nota del martes, la central mayoritaria en el cuerpo apuntó que el jefe del grupo expedientado llevaba «unos meses» en Irun, por lo que «no es responsable» del protocolo de actuación ante rechazos en frontera por parte de Francia instaurado en 2018, que recoge, entre otras cuestiones, cómo hacer un filtro de las filiaciones o cómo responder ante un agente que se niegue a una orden.

Fuentes policiales consultadas por este periódico explican que este ‘Protocolo de actuación ante rechazos’, firmado el 20 de septiembre de 2018 por el comisario entonces en Irun –ya jubilado–, aún cuelga de la pared de la comisaría y se «sigue» cumpliendo a pesar de ser «ilegal». Y es que hace alusión directa a «rechazo en frontera» por parte de Francia, una figura que «tendría cabida en Ceuta y Melilla por ser fronteras exteriores» en su límite con Marruecos pero «no en Irun», al tratarse de una muga «interior» dentro del espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas.

Según ha podido saber este periódico, este hecho fue denunciado en 2019 por varios sindicatos. Entre ellos, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que el 1 de diciembre pidió a la Jefatura Superior de Policía del País Vasco una «aclaración» sobre la «praxis» en la comisaría de Irun. En su escrito de seis páginas, aseguraba que, el acuerdo de Málaga firmado entre España y Francia en 2002 recoge el concepto de «readmisión» –el cual prevé que para asumir a un migrante hay que comprobar primero sus circunstancias, por ejemplo si ha iniciado una «solicitud de asilo» u otro trámite para legalizar su situación–, pero no «el rechazo», que serviría «como pretexto para el aumento de detenciones con fines estadísticos», en línea con la denuncia de Jupol.

Fuentes policiales sostienen que la forma de actuar en la muga no ha variado desde entonces, aunque ahora «todas» las órdenes que reciben los agentes «son verbales» para «no dejar constancia» de las expulsiones. Afirman que antes y después del covid Francia realiza «entre 10 y 20 devoluciones en caliente diarias». Han conocido «épocas» en las que la policía gala «acercaba a los migrantes hasta el puente de Santiago» donde les esperaba una patrulla española y otras en las que les «avisaba que los mandaba en tren o en furgonetas camufladas».

Melgosa tacha de «inadmisible» dar días libres por detener migrantes
La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, denunció ayer que la «inadmisible» orden dictada por el inspector jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en Irun para otorgar días de compensación a los agentes en función del número de migrantes que detenían «alienta la xenofobia», por lo que ha considerado que la retirada de dicha directriz y la apertura de un expediente al agente que la elaboró es «lo menos que se debía hacer».

Melgosa respondió así en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta de EH Bildu sobre esta orden desvelada la semana pasada. La parlamentaria Oihana Etxebarrieta destacó que quienes llegan a Irun con la esperanza de cruzar de modo clandestino a Francia son víctimas de las políticas «criminalizadoras» respecto a las personas migrantes y que la orden del inspector jefe de la Brigada de Extranjería es señal de «racismo institucional».

Melgosa respondió que no hay «ninguna excusa» para una orden así, que supone una «clara vulneración» de los derechos fundamentales y «alienta la xenofobia». Añadió que su retirada y la apertura de expediente a este mando «es lo menos que se debería hacer». E instó a «humanizar» el fenómeno migratorio y de formar a las fuerzas de seguridad, así como a los empleados públicos, «en la realidad migratoria y los derechos» de las personas migrantes.