Tres migrantes al día, casi cien al mes. Ese es el balance de detenidos que tiene la comisaría de la Policía Nacional de Irun según los últimos datos disponibles. La polémica ha salpicado a esta delegación policial en los últimos días, después de que DV hiciese pública una orden remitida a los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras en la que se ofrecían días libres a cambio de detenciones. Horas después la Jefatura Superior de la Policía Nacional del País Vasco anuló dicha circular y la dejó sin efecto, y la Dirección General del cuerpo ha abierto un expediente disciplinario al jefe de grupo que firmó el documento.

La orden pretendía premiar a los agentes según la cantidad de detenciones que realizasen los fines de semana a partir del 1 de julio. Cuantos más arrestos, más días compensatorios recibirían, hasta un máximo de cinco con diez detenciones o más. Un escándalo denunciado por el sindicato Jupol que ha provocado reacciones tanto en el ámbito político como en el tercer sector dedicado a la recepción y atención de las personas extranjeras.

La Policía no hace públicos los datos de detenciones y expulsiones en materia de extranjería. Las últimas cifras disponibles están recogidas en el Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención del Defensor del Pueblo, correspondiente al año 2021. En ese documento se detallan las detenciones con ingreso en calabozo por motivo de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, conocida como la Ley de Extranjería, en todas las comisarías de la Policía Nacional del Estado. Omitiendo a las Islas Canarias y Baleares, Irun se sitúa en quinto lugar en cantidad de migrantes detenidos al año, con 1.155 en 2021. Por delante están la comisaría de La Junquera, en Cataluña, con 1.297; la de Alicante, con 1.324; la Brigada de Extranjería de Madrid, con 1.753; y Cartagena, en Murcia, que tiene el primer puesto con 2.924 detenciones en un año.

Por comunidades autónomas, Murcia (4.108 detenidos), Andalucía (3.339) y Madrid (3.619) son las que registran cifras más altas en la península. Las Islas Canarias, con casi 20.000, es donde la crisis migratoria es más acusada. En este apartado el conjunto de comisarías de la Policía Nacional en Euskadi registró 1.601 arrestos, el 90% en Gipuzkoa.

Entrada a Europa
Estas cifras sitúan además a la comisaría irundarra como la segunda con más extranjeros detenidos en zona fronteriza, solo por detrás de La Junquera. Lo que confirma que Irun se ha convertido en los últimos años en uno de los principales canales de entrada a Europa para migrantes que llegan del norte de África. En 2018 estalló la crisis migratoria en la muga, que apenas pudo reaccionar a la llegada de más de 5.000 personas que transitaban por Gipuzkoa en su viaje a otros países europeos, principalmente Francia. Desde entonces, los controles policiales se han intensificado y la lucha por cruzar la frontera ha derivado en situaciones irregulares como las devoluciones en caliente o las mafias que trafican con personas. Esta crisis ha dejado también un rastro de cadáveres ahogados en el río Bidasoa o que se habían quitado la vida después de varios intentos fallidos.

El director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, afirmó tras desatarse la polémica por la orden policial que «no es la primera vez que hemos denunciado malas prácticas policiales, como de la Policía francesa», por las devoluciones en caliente que se producen en la frontera, si bien calificó de «escandaloso e injustificable» que se pretendiera premiar a agentes de la policía por llevar a cabo esos arrestos. «No se puede utilizar a las personas migrantes como moneda de cambio», e insistió en que «el fenómeno migratorio hay que humanizarlo, son personas que tienen historias muy duras detrás». Este año la previsión de llegadas de migrantes a Irun es de un 20% menos que el año anterior. En el recurso de Hilanderas se han atendido hasta mayo a 1.200 personas, mientras que en el mismo periodo de 2022 fueron 3.500.

Desde el sindicato Jupol, por su parte, aseguran que las «presiones» por detener la mayor cantidad de migrantes posibles ha sido «constante» en Irun en los últimos años. «Se les exige cumplir unos números de detenciones o al menos de entradas en comisaría, bajo la amenaza de ser destinados a otro lugar» para cumplir con «la estadística». Una práctica «generalizada que lleva años ocurriendo en Irun por parte del responsable de la brigada de Extranjería», aseguran.