Los tres policías nacionales encarcelados por un delito de abuso sexual a internas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga quedaron en libertad provisional sin fianza después de que la jueza que instruye el caso, Elena Sancho, admitiese los recursos presentados por las defensas.

Esta decisión, que recurrirán los abogados de las inmigrantes, pone fin a la estancia en prisión durante once días de los agentes, que ya están en Málaga tras salir el miércoles por la noche del centro penitenciario Sevilla II, donde permanecían en un módulo específico para personal de las Fuerzas de Seguridad, dijeron fuentes de su defensa.

Esta puesta en libertad se produce a raíz de los recursos presentados contra los autos dictados por la jueza de Instrucción número 9 de Málaga , que investiga la causa; en los que las defensas consideraban que no existe circunstancias alguna de las que marca la ley para el ingreso en prisión, tales como el riesgo de fuga o de eliminar pruebas; y por la «inconsistencia» de las pruebas.

Ocho implicados

Tras las diligencias practicadas el miércoles en el juzgado, son ocho los policías nacionales implicados en la causa, cifra a la que se podría sumar otro agente que está previsto que declare en calidad de imputado el próximo día 8 de este mes, junto con otras cuatro testigos protegidas.

Así, la jueza dejó ayer en libertad, pero con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, al jefe de Seguridad del CIE, al que se le imputa un delito de abusos sexuales contra dos internas, que no llegaron a denunciar y que relataron unos presuntos «tocamientos» por parte de este agente. Inicialmente, fueron detenidos siete agentes al detectarse actividades «irregulares» en el tratamiento de los internos en el CIE, como la celebración de fiestas nocturnas en las que participaban internas, que podrían haber llegado, incluso, a mantener relaciones sexuales con los funcionarios.

La jueza decretó prisión para tres de los policías, que ahora han quedado en libertad, y dejó en libertad con cargos de omisión del deber de impedir delitos a los otros cuatro. Las seis mujeres que denunciaron proceden de distintos países, en concreto Brasil, Rusia, Venezuela, Ucrania y Colombia.

Mientras tanto, la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes reclamó ayer que el hecho de que las mujeres denunciantes de los presuntos abusos sexuales estén en situación irregular en España «no condicione que el caso se aclare».