Málaga – Los tres policías nacionales encarcelados por un presunto delito
de abuso sexual a internas del Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) de Málaga quedaron en libertad provisional sin fianza después de que
la jueza que instruye el caso, Elena Sancho, admitiese los recursos
presentados por las defensas.
   Esta decisión, que recurrirán los
abogados de las inmigrantes, pone fin a la estancia en prisión durante
once días de los agentes, que ya están en Málaga tras salir la noche del
miércoles del centro penitenciario Sevilla II, donde permanecían en un
módulo específico para personal de las Fuerzas de Seguridad.
   Mientras tanto, la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes
reclamó ayer que, el hecho de que las mujeres denunciantes de los
presuntos abusos sexuales estén en situación irregular en España «no
condicione que el caso se aclare».
   El portavoz de esta
plataforma, Gabriel Ruiz, dijo en rueda de prensa que existe una
«información muy limitada», porque son «chicas en situación irregular, con
mucho miedo, y el miedo es lo que condiciona que unas declaren y otras
no», por lo que exigió, «todas las garantías para ellas y total
transparencia».
   Sobre la libertad provisional para los tres
agentes que habían sido encarcelados, Ruiz apuntó que no sabe «si estos
policías eran los implicados» y «si debían estar en prisión», aunque
añadió que «para que la jueza dictara una orden de prisión con esa rapidez
el tema debía ser de suma gravedad».
   Los recursos
presentados por los abogados de los funcionarios se basaron en la ausencia
de peligro de fuga «ya que no son delincuentes sino personas normales, sin
antecedentes y que nunca han tenido problemas durante los años que llevan
trabajando en CIE».
   Los abogados añadieron que a este caso se
le está dando una «trascendencia exagerada» y que antes se necesitan
«pruebas irrefutables», si bien admiten que los agentes no debieron entrar
al módulo de mujeres ni introducir comida.
   Delito
administrativo. En tercer lugar, los recursos alegaron que los policías
«no cometieron un delito penal sino administrativo», algo que creen que
«no volverán a repetir porque están suspendidos de empleo y sueldo, no se
van a reincorporar a sus puestos y además están destrozados».
   Asimismo, manifestaron que a través de estas denuncias por abuso sexual «lo
que se está haciendo es poner en bandeja de oro a las mujeres el permiso
de residencia», ya que de hecho dos de las seis denunciantes ya han sido
puestas en libertad.
   Por su parte, los dos abogados de las seis
denunciantes, Jesús Ureña y Jaime Rodríguez, anunciaron que recurrirán la
excarcelación de los funcionarios porque ven razones suficientes para
mantener la privación de libertad hasta que finalicen las diligencias por
la «alarma social» que, según Rodríguez, causa que los detenidos sean
policías.
   Rodríguez reconoció que, aunque las fotografías «no
son suficientes» como prueba para implicarlos, «es absurdo negar que había
fiestas» y aseguró que testigos ajenos a las internas, como las
limpiadoras, reconocieron haber encontrado restos de alcohol y
preservativos, «que no pertenecían a las inmigrantes».
   Según este abogado, «es falso acusar a estas mujeres de utilizar las
denuncias para facilitar su regularización, ya que la mayoría no quieren
permanecer en España, sino regresar a sus países».
   Los presuntos abusos sexuales han sido «la gota que ha desbordado el
vaso» en las denuncias de varios colectivos sobre el CIE de Málaga, por lo
que una decena de organizaciones se personarán como acusación popular para
«esclarecer los detalles».