La Guardia Civil ha liberado a siete víctimas sometidas a explotación laboral en una dehesa de Balbarda-La Torre e investiga a una persona como presunta autora de tres delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito laboral-forestal.

Como continuación a la ‘Operación Barronco’, difundida en marzo y en la que se liberó a cinco víctimas de la trata de seres humanos en dos fincas forestales de Ávila, la Guardia Civil decidió hace unas semanas activar una segunda fase de la operación para detectar posibles ilegalidades en el sector forestal y verificar que pudieran estar alargando la campaña de aprovechamiento de encinas, ya finalizada, y/o contratando a trabajadores en situación irregular.

Las investigaciones se centraron en una dehesa ubicada en la localidad de Balbarda-La Torre, donde se tuvo conocimiento de que se habrían talado encinas de forma irregular. Realizada la correspondiente inspección ocular, se pudo comprobar que efectivamente se habían cortado encinas incumpliendo las condiciones de autorización, motivo por el cual se formuló la correspondiente denuncia administrativa.

Tras continuar con labores de vigilancia de la zona, se pudo descubrir la poda de más encinas y que algunas ramas cortadas tenían diámetros por encima de los permitidos. Al escuchar el ruido de motosierras la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar y observó a siete obreros efectuando labores de troceo de ramas derribadas, además con un «equipamiento muy deficiente».

De los siete obreros uno era de nacionalidad española y no poseía ni contrato de trabajo ni estaba dado de alta en la Seguridad Social, mientras que los otros seis eran de nacionalidad colombiana y también carecían de contrato de trabajo, afiliación a la Seguridad Social y permiso de residencia y/o trabajo.

El siguiente paso de las investigaciones se centró en el empleador, quien al parecer, para obtener un mayor beneficio económico, captaba mediante engaño a personas extranjeras en situación de necesidad para subsistir, y sin posibilidad de acceder a un puesto de trabajo de forma legal, para que trabajaran podando y cortando encinas, habiendo finalizado la campaña de aprovechamientos.

Analizado todo lo anterior, el 11 de mayo el empleador fue puesto a disposición judicial en calidad de investigado por los hechos descritos. Desde la Guardia Civil se apunta que a los obreros no se les facilitaban los materiales adecuados de seguridad para efectuar esos trabajos de corta forestal y que tampoco estaban en posesión de medios de extinción necesarios en prevención de incendios forestales al utilizar motosierras, cuyo uso está prohibido en el monte al ser una época de riesgo medio de incendios forestales. Precisamente por ello el periodo de autorización de la campaña de aprovechamientos de encinas ya había finalizado.

La operación fue efectuada por el Seprona (Equipo de Investigación del Servicio de Protección a la Naturaleza) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, con la activa colaboración de la Junta de Castilla y León de Ávila, informa Ical.