El temor a perder empleos públicos, subvenciones, acceso a la educación y a terrenos protegidos que se concede por parte del Gobierno de India a las tribus locales ha desatado un enfrentamiento armado desde hace un mes. Lo que empezó con una marcha del Sindicato de Todos los Estudiantes Tribales (ATSUM) en apoyo a las comunidades nativas Naga y Kuki para frenar la posible inclusión de los metei en el registro formal de «tribus programadas» dictada por el Supremo ha terminado en una batalla campal entre etnias. El conflicto que inició el 3 de mayo ya se ha cobrado la vida de unas setenta personas en el Estado de Manipur, en el noreste del país.

A la lucha civil se han sumado la de las fuerzas de seguridad contra los militantes. Según las autoridades indias, rebeldes armados han aprovechado la escalada de la violencia en la región para atacar a los indígenas. El primer ministro de Manipur, N. Biren Singh, ha informado que el domingo 33 «terroristas» fallecieron en un intercambio de disparos. Afirmó que «los insurgentes han usado rifles de asalto M-16 y AK-47 y armas de francotirador. Llegaron a muchas aldeas para quemar casas«. El último incidente tuvo lugar el domingo cuando el jefe del ejército, el general Manoj Pandey, estaba en la zona para trazar estrategias con el fin de restaurar la paz, según ha informado el periódico ‘New Indian Express’.

Ya son más de doscientas iglesias quemadas y un millar de casas destruidas. El despliegue del ejército en las calles de la capital, Imphal, el refuerzo de la vigilancia con drones y helicópteros, el apagón de la conexión a internet, la restricción a la movilidad en las noches ni la orden militar de «disparar a quemarropa» cuando la situación lo requiera ha logrado detener el conflicto. La crudeza de los ataques con armas de fuego o artesanales ha obligado a más de 23.000 civiles a huir de la ciudad y refugiarse en campamentos militares que han habilitado para recibir a los desplazados. En los alrededores capitalinos se han dispuesto al menos siete bases castrenses como albergues temporales.

Los metei, de mayoría hindú, son el 53% de la población de la zona. Si a esta comunidad se le concede el estatus que ha reclamado durante una década, los otros dos grupos tribales advierten que las oportunidades de empleo y otros beneficios se reducirían a mínimos para ellos. La sensación de amenaza surge del posible desalojo de los cristianos de sus tierras ancestrales para cederlas a la nueva tribu. Defienden que «desean proteger sus terrenos, cultura e identidad en riesgo por la inmigración ilegal desde Myanmar», país con el que comparten frontera, y desde Bangladés.