Los tres agentes de la Policía Nacional encarcelados por presuntos abusos sexuales a inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga quedaron ayer en libertad con cargos y sin fianza, según confirmaron sus abogados. La defensa de las internas recurrirá esta decisión por la alarma social que genera, mientras que varias onegés alertaron del riesgo de que la situación irregular de las inmigrantes, y el miedo que les genera, influya en el esclarecimiento del caso.
Uno de los abogados de los agentes, José Ignacio Francés, explicó que la jueza ha valorado la imposibilidad de reincidencia, dado que los policías están de baja psicológica y no se incorporarán por ahora a sus puestos, así como la ausencia de peligro de fuga dado que “no son delincuentes sino personas normales, sin antecedentes”.
Francés incidió en que los agentes imputados – – nueve en total, entre ellos el jefe de seguridad del CIE, seis de los cuales ayer ya estaban en libertad – – no pueden suprimir pruebas incriminatorias “porque no las hay”, y consideró que se da una “trascendencia exagerada” al caso. “Parece una broma, pero se basan solo en unas fotos en las que aparecen comiendo pizza junto a unas internas”, lo que a su juicio supondría una falta “que se saldaría con una sanción, no encarcelándoles como si fuesen delincuentes”.

PRUEBAS CONTROVERTIDAS
La defensa de las inmigrantes que presuntamente habrían participado en las fiestas nocturnas del centro anunciaron que recurrirán la decisión, al entender que hay razones suficientes para mantener la excarcelación ya que su puesta en libertad podría afectar a las diligencias que aún quedan por practicar, como las declaraciones testimoniales. Además, José Luis Rodríguez, personado en nombre de Andalucía Acoge, aludió a la alarma social que implica la profesión de los imputados, y tras reconocer que las fotos “no son prueba suficiente”, apuntó que las declaraciones de las limpiadoras sobre la aparición de restos de alcohol y preservativos demuestran que “es absurdo negar que había fiestas”.
Por su parte, varias asociaciones de inmigrantes exigieron el cierre del centro por las “continuas violaciones de los derechos humanos, las irregularidades denunciadas y las condiciones catastróficas en que se halla”. Asimismo, han pedido que la situación irregular de las inmigrantes no influya en el esclarecimiento del caso, “pues el miedo condiciona que unas declaren y otras no”.