Málaga.(EFE). – Los abogados defensores de las inmigrantes
del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, que
supuestamente sufrieron abusos sexuales por parte de funcionarios
policiales, recurrirán el auto por el que los tres agentes
implicados quedaron en libertad tras ser encarcelados el pasado 23
de julio.

Jesús Ureña, letrado de cuatro de las denunciantes, dijo que tiene constancia de la puesta en libertad con cargos y sin
fianza de los policías, aunque no se le ha notificado “nada
oficialmente”.

Ureña anunció que presentará un recurso contra esta decisión, una vez que tenga acceso a los fundamentos del auto, ya que defendió que es necesario mantener la medida cautelar hasta que finalicen las
diligencias ya que, a su juicio, los implicados “pueden afectar o
influir en ellas, especialmente en las testimoniales”.

Por su parte, el letrado que representa a las otras dos supuestas
víctimas, Jaime Rodríguez, señaló que interpondrá un recurso contra
el auto de excarcelación “en los próximos tres días” y aseveró que,
aunque las alegaciones de las defensas “son respetables”, existen
razones “suficientes para mantener la privación de libertad” por la
“alarma social” que implica el hecho de que los presuntos
responsables de los abusos sean policías.

No obstante, reconoció que no cree que exista riesgo de fuga
porque los agentes tienen arraigo familiar ni que puedan interferir
en alguna prueba.

Rodríguez manifestó que no le sorprende que la defensa de los
funcionarios tenga previsto interponer una denuncia por falsa
acusación, si bien advirtió de que “no se piense ahora que por haber
quedado en libertad estos agentes ya están desvinculados de las
diligencias”.

“El auto de la jueza no quiere decir que hayan surgido nuevas
pruebas o que hayan perdido mérito las declaraciones de las
testigos”, declaró el letrado, y añadió que espera que los
sindicatos policiales no se aprovechen de las circunstancias “para
desacreditar a las declarantes”.

En este sentido, Jesús Ureña arguyó que hasta que no se resuelva
el presente procedimiento judicial “no se entrará a valorar estas
otras denuncias” anunciadas por el representante de uno de los
policías implicados.

Por otra parte, Rodríguez reconoció que, aunque las fotografías
“no son suficientes” como prueba para implicar a los funcionarios,
“es absurdo negar que había fiestas” y aseguró que incluso testigos
ajenos a las internas, como las limpiadoras, reconocieron haber
encontrado restos de alcohol y preservativos “que obviamente no
pertenecían a las inmigrantes”.

Según el abogado, “es falso acusar a estas mujeres de utilizar
las denuncias para facilitar su regularización, ya que la mayoría
de ellas no quieren permanecer en España, sino regresar a sus países
de origen”.

Explicó que “como testigos protegidos tienen derecho a algunos
favores”, como el caso de sus dos defendidas que quedaron el
libertad el pasado 27 de julio, “pero esto no implica que se hayan
archivado las diligencias de expulsión”.

En cuanto a las otras cuatro denunciantes que aún permanecen en
el CIE, añadió que “se les concederá la libertad en su momento, ya
que es lo lógico”, pero dependerá del trámite administrativo que se
siga en el juzgado de Instrucción que autorizó su internamiento.