Los insultos a Vinicius, jugador brasileño del Real Madrid, han introducido el racismo en la agenda política y mediática como un vendaval que solo puede levantar uno de los futbolistas más famosos del mundo, la estrella de uno de los clubes más importantes del planeta

El debate sobre si España es o no racista no solo se ha instalado en el país, sino que ha escalado al plano internacional con reacciones del presidente brasileño, Lula da Silva, que han obligado al Gobierno español y a numerosos partidos de la oposición a reaccionar, negando que el racismo sea un sentimiento extendido en el país. Sin embargo, son numerosas las denuncias de colectivos y organizaciones sobre el racismo que procede de las propias instituciones españolas.

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Pese al aluvión de noticias y reacciones de los últimos días, el racismo no es un problema acuciante a ojos de la población española. Así lo refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, realizado a principios de mayo. La preocupación por esta cuestión ocupa el puesto 54 de 65, es decir, que es de últimos problemas que señalan los encuestados. Apenas un 0,3% de las personas entrevistadas para este estudio señalaban la discriminación racial como un problema nacional.

Un cartel de “Se alquila” en un local de Madrid.- REUTERS
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Pero los resultados cambian cuando las encuestas sobre racismo se hacen a las potenciales víctimas: población migrante no europea, personas de etnia gitana o descendientes españoles de personas racializadas. El último informe sobre la “percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas”, realizado en en 2020 por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) arroja datos preocupantes al respecto.

El primero es que las conductas discriminatorias percibidas de forma “espontánea” por este grupo de población ha aumentado diez puntos respecto a 2013, del 20,9% al 30,7%. Aunque la percepción disminuye del 57,9% al 51,8% en le caso de conductas “documentadas”. Aún así, Antumi Toasijé, presidente del CEDRE, organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, no tiene dudas de que existe un “racismo estructural” en España, presente en sus instituciones, en sus leyes y en sus servicios públicos, una de las razones por las que se normalizan conductas racistas que hacen que la población general no sea consciente de ellas.

Racismo Inmobiliario
Las conductas racistas más extendidas y sufridas, según este informe, se dan el acceso a la vivienda. Un multimillonario como Vinicius no habrá tenido este problema al instalarse en España, pero sí lo denuncia un 31% de los encuestados por el ECRE, el doble que en 2013. Los más afectados son personas africanas no mediterráneas, magrebíes y gitanas. El llamado racismo inmobiliario es motivo de sanción para empresas inmobiliarias o particulares, según la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Pero no se aplica por igual en las comunidades autónomas. Un informe de 2020, realizado por Provivienda con apoyo del Ministerio de Inclusión, concluía que más del 70% de las inmobiliarias reconocen que aplican discriminación racial total si lo piden los propietarios que las contratan. Es decir, que rechazan de entrada a los interesados solamente por su raza o país de procedencia, aunque sea motivo de sanción.

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Sin embargo, solo se conocen dos multas impuestas hasta ahora por esta práctica tan extendida que afecta incluso a solicitantes de asilo y a refugiados que cuentan con ayudas estatales para gastos de alquiler. Las impuso el Ayuntamiento de Barcelona y ascendían a 90.000 euros. El último caso conocido fue el de Mehdi el Madyouni, que denunció a una inmobiliaria de Reus (Tarragona) y ha recibido una indemnización de 4.000 euros.

Aumento de los delitos de odio, sobre todo por racismo
La Fiscalía de Valencia ya ha abierto de oficio una investigación por delito de odio ante los insultos racistas que Vinicius sufrió en el estadio de Mestalla. Este tipo de delitos ha aumentado un 5,6% respecto a 2019, según el Ministerio del Interior. Sobre todo han repuntado los de índole racista o xenófoba, un 13% más que en 2019, y representan el 37% de los delitos de odio cometidos en España, la mayoría violentos. Las cifras reales podrían ser mucho mayores, ya que se calcula que el 80% de las víctimas de de estos delitos nunca llega a denunciarlas.

De hecho, la infradenuncia por discriminación racial o étnica es una de los datos más preocupantes extraídos de la encuesta del ECRE. Solo el 18,2% de las personas que sufrieron situaciones discriminatorias en 2020 llegó a presentar una queja o una denuncia. Las razonas para dejar pasar estos comportamientos son diversas. Destacan la escasa confianza en que tenga recorrido, el desconocimiento de los métodos para hacerlo o del idioma y el miedo a represalias o a tener problemas con la Policía porque la víctima está en situación administrativa irregular.

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Controles policiales por perfil racial
Otra de las prácticas discriminatorias más denunciadas por sus víctimas implica directamente a la Policía. Son las llamadas “redadas racistas” o identificaciones policiales aleatorias que se practicas en función del perfil racial del “sospechoso”. Según la encuesta del ECRE, la percepción de racismo en el trato policial ha descendido considerablemente en la última década. No obstante, las identificaciones por perfil racial siguen existiendo, a pesar de que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a España en 2011 que “erradicara” estas prácticas que “se pueden traducir en detenciones indiscriminadas”.

SOS Racisme hace balance cada año sobre estas identificaciones en Catalunya, y concluye que los extranjeros tienen tres veces más probabilidades de ser identificados por la Policía que los españoles. Se trata de prácticas que generan un estigma y hace más fácil que la población en general vea más fácilmente como un potencial delincuente a las personas racializadas, según denuncian diferentes colectivos antirracistas.

Las redadas racistas guardan también una estrecha relación con la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), consideradas cárceles para personas migrantes que ni siquiera han cometido ningún delito. Son espacios opacos desde los que llegan habitualmente denuncias de agresiones policiales y tratos degradantes a los internos, que pueden estar allí recluidos un máximo de 60 días mientras se intenta su deportación por estancia irregular en el país.

Falta de integración laboral de personas extranjeras
En el plano laboral el racismo también queda patente. Es muy visible en el tipo de trabajo que mayoritariamente puede realizar la población migrante en España, como la recogida de fruta y verdura en distintas campañas agrícolas. Las infraviviendas o chabolas en grandes asentamiento irregulares cerca los lugares de trabajo ya son un drama que se permite desde hace más de dos décadas, sobre todo en Almería y Huelva.

Pero hay una brecha que pasa inadvertida si no se mira a los datos. El último “Informe sobre la Integración de la Población Extranjera en el Mercado Laboral Español”, realizado por el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), deja patente una “notable falta de integración laboral” de la población extrajera en general.

Las tasas de actividad y de ocupación “son sistemáticamente inferiores para los extranjeros” en los tramos de edad con más necesidad de integración laboral. Lo mismo ocurre con las tasas de paro y con las condiciones laborales, cuya diferencias entre españoles y extranjeros “ilustran un nivel de integración deficiente” con una brecha salarial bruta del 34% (hasta el 37% en el caso de las mujeres extranjeras), que desciende al 5,3% al analizarla por ocupación, actividad, parcialidad, jornada y antigüedad. Este informe también detalla grandes desigualdades en las condiciones o coberturas de los trabajadores extranjeros cuando se quedan en paro.

Estas son solo algunas muestras de racismo que suelen quedar ocultas a diario, sin contar las políticas migratorias aplicadas por España, que en 2022 tuvieron su peor reflejo con la tragedia de Melilla, en la que murieron al menos 23 personas negras intentando llegar a España. La mayoría eran sudaneses que huían del conflicto que azota su país desde hace décadas y que buscaban pedir protección internacional en Europa. Exactamente lo mismo que los ucranianos, que sin embargo han sido acogidos con todas las facilidades por los países de UE.