El Ministerio de Igualdad acaba de poner en marcha el 021, el teléfono gratuito para atender y ayudar los 365 días del año a víctimas del racismo, tanto sufran discriminaciones como persecuciones o delitos de odio. Es un servicio similar a los existentes contra la violencia machista (016) y para la atención a la conducta suicida (024).

Como los anteriores números públicos de ayuda, tampoco deja rastro en la factura, ayuda e informa a las víctimas, se encarga de las primeras indagaciones sobre los incidentes comunicados, pondrá los hechos en conocimiento de los servicios de emergencias, sociales o de la policía si fuese preciso, garantiza asesoramiento jurídico inmediato sobre los derechos que les asisten, elaborará escritos de impugnación o reclamación e indicará fórmulas para denunciar la discriminación.

No solo es el lugar con el que deben contactar las víctimas directas sino también donde deben llamar quienes quieran comunicar que han sido testigos de este tipo de infracciones. Dentro de sus funciones está asesorar y conectar a las víctimas con los recursos sociales y ejercer de mediador para la resolución del conflicto si las partes lo consienten.

El servicio, también accesible ‘online’ y por chat (628860507), busca garantizar los derechos de las víctimas de racismo, sacar a la luz esta lacra silenciada y potenciar las reclamaciones y denuncias, que no se producen ni en el 20% de los casos.

Este tipo de ataques, exclusiones o vejaciones va en aumento, sobre todo los casos vinculados con vivienda y educación
La última encuesta nacional entre potenciales víctimas de estas vejaciones, exclusiones o marginaciones, hecha en 2020 por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial y Étnica (Cedre), dejó claro que en España no se atreven a dar el paso de la reclamación o la denuncia el 82% de los afectados. Muchos justificaron su parálisis porque minimizaban lo ocurrido, pero al menos uno de cada cuatro atribuyen su silencio a que creen que sacar a la luz el asunto no servirá de nada. Que nadie hará nada.

La encuesta desvela que, pese al número mínimo de denuncias, el racismo en España es un fenómeno permanente y en franco aumento. La marginación de miembros de razas o etnias distintas a la mayoritaria se da a diario y no deja de crecer en el acceso a locales de ocio o comercios, en las gestiones administrativas, en la sanidad, en los transportes o las redes sociales, pero donde más aumenta con diferencia es en dos ámbitos: la educación y la vivienda.

Uno de cada cinco consultados o sus familias fueron discriminados en la matriculación o asistencia a colegios o institutos o en otros lugares de formación académica. El volumen de discriminados casi dobla el detectado solo siete años antes y los principales afectados por vejaciones o exclusiones son asiáticos y gitanos.

Pero la palma del racismo estructural se la lleva la vivienda. Hasta el 31% de consultados, el doble que en 2013, sufrió discriminación en sus intentos de alquilar un piso o una habitación, de pedir un crédito para la compra o en la vida en comunidad. Las víctimas superan la mitad de los sondeados si se mira solo a los originarios del Magreb y del África Subsahariana y la proporción es alta, aunque algo menor, con el tercer colectivo de marginados inmobiliarios, los gitanos.

Sanciones de medio millón
El 021 comienza a funcionar cuando hay serias dudas de que llegue al Consejo de Ministros y se apruebe en lo que resta de legislatura la prometida ley contra el racismo, que debe fijar un marco para la prevención de esta lacra, activar medidas de acción positiva, garantizar mecanismos de atención y reparación a las víctimas y establecer sanciones específicas.

Mientras, el régimen sancionador aplicable a las discriminaciones o discursos de odio que se denuncien ante el 021 será el previsto en la Ley para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. El elemento clave que incorpora la ‘ley Zerolo’ para lograr el éxito en las pesquisas contra los racistas es que invierte la carga de la prueba. Si hay indicios fundados de discriminación en la denuncia, será el sospechoso quien deba probar que no la cometió.

El abanico de multas va de las leves (300 a 10.000 euros) a las graves (10.001 a 40.000) o muy graves (40.001 a 500.000). Las infracciones más graves son la discriminación múltiple, el acoso y las presiones desde la autoridad o los funcionarios.