El asesinato a golpes de un discapacitado sin hogar por cuatro militares en la norteña ciudad chilena de Iquique parece conectar varios problemas comunes a la región, pero agravados en ese país: el discurso antiinmigración, de carácter xenófobo, y el crecimiento de la ultraderecha. Milton Domínguez había llegado a Chile procedente de Colombia. Perdió la vida pocas horas después de un desfile por el Día de las Glorias Navales. Un cuarteto de marinos airados lo machacó con tanta saña, y hasta utilizando como arma una de las muletas de la víctima, que la institución castrense ordenó la expulsión de sus filas. El Tribunal de Garantía de Iquique decretó en tanto sus prisiones preventivas. Permanecerán en la cárcel durante 120 días mientras dure la investigación.

Los marinos, quienes no vestían uniforme, alegaron haber sido asaltados por un grupo de extranjeros antes de las celebraciones de la Armada y creyeron que el indigente sin papeles estaba al tanto de lo sucedido. Lo único que hacía Domínguez era pedir dinero frente a la Iglesia principal. Pero sobre su cuerpo desalmado llevaba la marca de la sospecha.

Iquique es una de las ciudades principales de la región de Tarapacá, ubicada 1.759 kilómetros al norte de Santiago. Sus principales distritos urbanos, cercanos a la frontera boliviana, se han convertido en paso obligado del flujo migratorio y, también, escenario de un incremento de la violencia. Un tercio de los asesinatos fueron perpetrados por personas que no nacieron en Chile. Esta nueva realidad funcionó como combustible de los discursos contra los “extranjeros”. Palabras cargadas de odio y prejuicios, antes impronunciables, comenzaron a formar parte de una lengua común desde finales de 2021, cuando tuvo lugar en Iquique la primera manifestación de sus habitantes contra la inmigración. Esa marcha concluyó con la destrucción de carpas de muchos venezolanos y creó un nuevo clima de hostilidad que, en un sentido, no ha sido ajeno a la muerte de Domínguez. Tenía 61 años y frecuentaba un hogar de acogida. “Siempre ha sido parte de nosotros, era un buen hombre”, dijo Lorena Zambrano, de la Asamblea Abierta Migrantes.

Era oriundo de la ciudad colombiana de Cali. Había llegado a Chile en 2021, desde Bolivia. Quería trabajar como técnico en mantenimiento e instalación de paneles solares. En un campamento de migrantes contrajo una infección en uno de sus pies que obligó a amputarlo. Su debilidad manifiesta no impidió encontrarse en la misma calle con la muerte. El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) expresó su repudio inmediato. “Confiamos en que la justicia cumpla con su función en corto tiempo y castigue con severidad a los responsables, considerando la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima al momento del ataque. Hechos como estos, no pueden volver a ocurrir en un Estado respetuoso de los derechos humanos”.

A pesar del peso de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, la jueza Verónica Opazo  descartó que el cuarteto hubiera planificado el asesinato. “En un acto de ímpetu se les salió de las manos. Es un grave error que ellos van a lamentar de por vida muy probablemente”.

El crimen tuvo lugar en momento de extrema sensibilidad en el norte chileno. Centenares de venezolanos, haitianos y colombianos se encuentran atrapados en la frontera que comparte ese país con Perú. Ellos tratan de volver a sus hogares como consecuencia del endurecimiento de las leyes antiinmigración del Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric. Hombres, mujeres y niños pasan sus noches en bolsas que apenas mitigan ese frío propio de las zonas desérticas que cala los huesos. De día, se calcinan bajo el sol.

De acuerdo con cifras oficiales, casi 1,5 millones de inmigrantes se encontraban en Chile a comienzos de 2022. El 45% de ese torrente había llegado de Venezuela. Les siguen haitianos (19%), colombianos (10%), peruanos (8%) y bolivianos (7%). Un 45% de esas personas tienen educación superior. Una encuesta realizada por las propias autoridades da cuenta de que la principal razón por la que llegaron a Chile es la estabilidad de la economía de ese país, que este año se verá afectada por números negativos o tendrá un crecimiento cero. El paro es del orden del 8%. La pobreza afecta al 10,8% de la población.

Fuimos a #Chacalluta a conocer la crisis política y humanitaria que está explotando en la frontera norte. Los Republicanos no estamos en contra de la inmigración, sino en contra de la ilegalidad y el desorden. El gobierno, una vez más, llega tarde y mal a enfrentar esta crisis. pic.twitter.com/wyhGvtzq8r

El paisaje de Santiago y otras ciudades da cuenta de una situación social hasta hace pocos años desconocida: mendicidad en las principales avenidas y en las inmediaciones del metro, así como carpas de camping en parques y calles alejadas del centro. El ultraderechista José Antonio Kast se ha constituido en uno de los grandes fogoneros de la retórica contra los extranjeros. “Boric elige a los ilegales. Así de simple”, ha repetido en más de de una oportunidad. Además de proponer una “inmigración Ilegal Cero”, exigió al Gobierno que establezca “lugares provisorios” para los latinoamericanos que cruzaron la frontera, antes de devolverlos a sus países. La victoria de la ultraderecha en la reciente elección de consejeros constitucionales se nutrió de sus frases flamígeras contra los “intrusos”. Especialmente en el norte, donde un colombiano acaba de perder la vida en manos de cuatro marinos que aplastaron la cabeza con sus propias muletas.