El gobierno de Giorgia Meloni, en el marco de su política antiinmigración, pretende reforzar la red de Centros de permanencia para la repatriación (Centro di permanenza per il rimpatrio) y que cada región de Italia tenga uno, con una inversión de 42 millones de euros en tres años. En esos centros, introducidos por una ley de 1998 y equivalentes a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) españoles, se internan los migrantes sin permiso de residencia para devolverlos posteriormente a su país de origen.