Los funcionarios de prisiones temen un incremento desmesurado en el número de reclusos tras la reforma del Código Penal. De ser aprobado, el nuevo texto legal permitirá a los tribunales que juzguen a extranjeros ‘irregulares’ por la comisión de delitos menores decidir entre la expulsión o el ingreso en prisión. Los trabajadores de las cárceles sospechan que la reforma provocará más condenas y, por tanto, centros de reclusión aún más a rebosar.

El presidente del sindicato de funcionarios de prisiones (ACAIP) considera esta iniciativa un sinsentido por la «saturación» que padece el sistema penitenciario. Según las cifras que maneja el sindicato, la expulsión automática de irregulares que se enfrentaban a penas menores suponía que, cada año, entre 1.600 y 1.800 extranjeros eran echados y tenían que cumplir sus condenas en sus países. Los funcionarios consideran que la inseguridad ciudadana motiva continuas reformas penales que endurecen las condenas.

El presidente de ACAIP denunció que el sistema penitenciario cuenta sólo con «unas 30.000 plazas» y que «prácticamente están el doble de personas de las que en teoría caben». «Las cárceles españolas están en un porcentaje de hacinamiento cercano al 180 por ciento» subrayó. Los inmigrantes son, siempre según datos del sindicato, aproximadamente un tercio del total de los presos.