En plena temporada estival y con la Comunitat repleta de residentes y turistas, lo lógico sería que la seguridad estuviera garantizada en las calles y los domicilios. Pero la lógica y la política van pocas veces cogidas de la mano. Ejemplo de ello es la última decisión adoptada por el Gobierno, que ha ordenado el traslado de 20 policías nacionales que trabajan en tierras valencianas a Canarias para ocuparse de la inmigración. Una decisión polémica que pone en evidencia las innumerables promesas e imágenes del Gobierno en las que se muestra orgulloso de ampliar la dotación de efectivos allí donde hace falta.