Desde el momento en el que las chicas ponían un pie en los domicilios, entraban a formar parte de un catálogo online en el que se las ofertaba como un producto. “Chica universitaria”, “piel sedosa”, “cariñosa”, “alcohol 24 horas”. La que gestionaba las citas era la mujer que captaba a las chicas en discotecas. “Ella recibía llamadas de clientes a un número y a continuación transmitía lo que pactaba con ellos a sus empleados con otro teléfono”, detalla Santamaría. Podía ser un “servicio mínimo” de 60 euros por el encuentro sexual o bien el pack completo con las que ellos consideraban las mejores chicas —especialmente dos de ellas—, más o menos tiempo, con la droga incluida, servicio a domicilio… ”El que va ahora ha comprado una hora con la chica con golosinas (cocaína)”, se la oye decir en las intervenciones telefónicas. La oferta podía personalizarse tanto como el cliente quisiera. “Había algunos que llamaban hasta tres o cuatro veces por semana”, apunta el inspector jefe.

Al principio, las chicas, todas muy jóvenes, recibían el 50% de lo que pagaban los hombres, una cantidad que iba menguando con diferentes excusas. Muchas de ellas quedaban atrapadas en la red porque sus explotadores las amenazaban con una supuesta deuda que habían adquirido con ellos y también con denunciarlas, pues algunas de ellas estaban en España en situación irregular. A una de ellas la sacaron de su entorno más directo, en la costa levantina, y la trasladaron a Madrid.

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Este caso es un claro ejemplo de los nuevos derroteros de la explotación sexual en España. “Las redes han abandonado los espacios públicos, se capta por redes y son organizaciones que necesitan muchos menos integrantes para controlar a las chicas”, resume Santamaría. El traslado de esta esclavitud a los domicilios particulares dificulta tremendamente el trabajo de los investigadores, que tienen que reunir durante meses pruebas para conseguir un permiso de entrada y registro por parte de los jueces. “Esto no es como hace 20 años, con operaciones en las que deteníamos a 100 personas. Estaban los que vigilaban a las chicas en la calle, otros de seguridad que evitaban que los de otras organizaciones se metieran en su territorio, los que las trasladaban, los que llevaban las cuentas… Ahora, con una persona en cada piso lo tienen todo controlado”, explica el inspector jefe.

El interior de las viviendas lo supervisaban desde su vivienda de lujo el matrimonio en la cúspide de la organización, de nacionalidad venezolana. Gracias a sistemas de videovigilancia comprados por internet por apenas 30 euros, la pareja tenía una visión las 24 horas de qué sucedía en sus dominios. “Vigilaban cuando entraban, cuando salían, cuánto tiempo pasaban con cada hombre y si había alguno que repitiera más de la cuenta”, apunta. Los agentes tienen comprobado que cuanta más confianza adquieran con uno de ellos, más posibilidades hay de que la mujer explotada pida ayuda para salir de esa situación. No es extraño que sean los propios usuarios los que denuncian ante la policía la explotación de una víctima.

El matrimonio apenas pasaba por las casas, salvo para recaudar dinero de vez en cuando o reponer el almacén de estupefacientes por los que pagaban los hombres que contactaban con la organización. La trama controlaba cinco pisos: un chalet en Arturo Soria, tres casas en Tetuán y un piso en Puente de Vallecas. Entre ellas se movían con su BMW X6, un vehículo valorado en 100.000 euros, cuando no estaban de vacaciones en destinos paradisíacos o cenando en restaurantes carísimos. Una vida de lujo sustentada por una red de explotación.