Málaga – La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga dejó esta
tarde en libertad, pero con la obligación de comparecer los 1 y 15 de cada
mes, al jefe de Seguridad del Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE), al que se le imputa un delito de abusos sexuales contra dos
internas, que relataron ayer unos presuntos «tocamientos» por parte de
este agente. Con él, son ocho los policías imputados en este caso, tras
detectarse actividades irregulares en el centro, como fiestas nocturnas en
las que participaban internas, que podrían haber llegado, incluso, a
mantener relaciones sexuales con los funcionarios.
   La jueza tomó
esta decisión tras la declaración del agente, que no fue detenido sino al
que se le requirió que compareciera en el juzgado en calidad de imputado;
y una vez que escuchó, previamente, a las dos internas, distintas a las
seis denunciantes iniciales, las cuales declararon como testigos
protegidas y «ratificaron tanto el reconocimiento fotográfico como la
imputación de abuso sexual» contra este hombre, según dijo el letrado de
la acusación popular, que representa a Málaga Acoge, Carlos Roldán.
   Así, tras las declaraciones, tanto la acusación popular como una de las
particulares, en concreto la que representa a cuatro de las denunciantes,
solicitaron prisión, porque se cumplían los requisitos que marca la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en cuanto a la pena, la alarma social y la posible
alteración de pruebas, según aseguró el letrado de cuatro de las internas,
Jesús Ureña, quien precisó que en este caso se ha seguido el mismo
criterio que en su día con el resto de los agentes a los que se les imputó
un delito de abuso sexual.
   Por contra, tanto el fiscal como otra de
las acusaciones particulares pidieron la imposición de la medida cautelar
de acudir al juzgado los 1 y 15 de cada mes; mientras que la abogada
defensora, Montserrat Pascual, pidió la libertad provisional «por no
considerar que existían indicios». En la comparecencia alegó que «las
peticiones de prisión por parte de las acusaciones no ha sido más que
querer mercantilizar popularmente el que el jefe de seguridad del CIE
pudiera estar encerrado por unos hechos que no tienen nada que ver con las
fiestas nocturnas que han sido denunciadas». «Meter preso al jefe de
seguridad del CIE vendía mucho a nivel prensa», aseveró Pascual, quien
señaló que finalmente «no ha sido así, gracias a Dios y a la Justicia,
porque a veces resulta que el sistema funciona». La letrada insistió en
que ha sido imputado por las declaraciones de dos personas, «que no son
las que participaron en esas fiestas» y que no llegado a formular
denuncia, sino que en la comparecencia de hoy hablaron de «tocamientos».
   Los testimonios, a juicio de la defensa, fueron «inconsistentes y
contradictorios». Manifestó que durante la declaración de las dos
internas, les preguntó si han tenido conocimiento de que otras mujeres
hayan dicho que esta situación les podría beneficiar de cara a la
regularización, algo que ellas «han negado», según indicó la abogada,
quien insistió en que su cliente ha asegurado que «todos es incierto, que
todo el falso y que no sabe por dónde vienen las denuncias».
   Respecto a su cliente, señaló que ha formulado una denuncia «contra
aquellas autoridades que no pusieron en conocimiento algunos hechos que
consideramos de enorme interés». Además, destacó que se trata de un
funcionario con muchos años de ejercicio y al que no se le ha comunicado
cese alguno, sino que ha estado trabajando hasta ahora; a pesar de que la
Policía indicó en su primer comunicado que se le había suspendido
temporalmente. En este sentido, dijo que fue él, a raíz de que se lo
contara un abogado de algunas internas, el que puso en conocimiento de sus
jefes inmediatos y de responsables de la Ucrif que estaban ocurriendo
irregularidades, hasta el punto de que «participó en la detención de sus
propios compañeros» y de que a partir de que él lo comunicara «se
comenzaron a mover las cosas». «Por qué ahora dice la Policía que hay dos
personas que lo denuncian no por las fiestas, sino por otros abusos, quién
le está haciendo la encerrona a este señor», se preguntó.
   Inicialmente, siete agentes fueron detenidos por este caso tras las
denuncias de seis mujeres procedentes de distintos países, en concreto
Brasil, Rusia, Venezuela, Ucrania y Colombia. Así, se decretó prisión para
tres de ellos, a los que se les acusa de abuso sexual, contra la
integridad moral y omisión del deber de impedir delitos.