La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la trata de personas y explotación sexual de mujeres. La red captaba, mediante engaños y promesas falsas de trabajo, a mujeres en Colombia y, una vez en España, las obligaban a prostituirse. Las mujeres, entre 18 y 25 años, eran explotadas sexualmente en pisos en A Coruña, Toledo y Cáceres. La Operación Estorque es el resultado del primer Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre ambos países y ha dejado a siete personas detenidas: cuatro en España y tres en Colombia.

La investigación apunta a que más de 50 víctimas fueron obligadas a prostituirse de 2018 a 2022 por esta red de trata. Los beneficios de la organización criminal ascienden a entre 25.000 y 35.000 euros por cada una de las mujeres. El dinero era enviado a Colombia, lugar de destino de los beneficios económicos de esta actividad.

Como parte del operativo, se han llevado a cabo tres actuaciones en las provincias de A Coruña, Toledo y Cáceres, donde tres potenciales víctimas de trata fueron liberadas. Se han detenido en España a cuatro personas, a las que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En Colombia han sido detenidas otras tres, una de ellas considerada el cabecilla y máximo exponente de este grupo criminal, encargado de controlar todas las fases de captación, traslado y explotación de las víctimas. Además, se ha emitido una orden internacional de detención contra otra mujer integrante de la organización asentada en Ecuador.

La organización criminal usaba sicarios para extorsionar a las mujeres y a sus familias en sus países de origen. Estas amenazas eran llevadas a cabo en Colombia por el grupo criminal Los Pachelly, vinculado al Clan del Golfo, el principal grupo narcotraficante del país latinoamericano. Las intimidaciones ocurrían cuando las mujeres no entregaban los pagos mensuales, producto de la explotación sexual, que estaban obligadas a realizar.

Denuncia de una víctima
La desarticulación de la red de trata comenzó en julio de 2020, cuando una víctima de la red hizo una denuncia. La mujer, que ahora es testigo protegida, relató cómo fue captada en Colombia por esta organización mediante engaños y aprovechándose de su situación económica. Y cómo las amenazas escalaron al punto de llegar a agresiones verbales, físicas e intimidaciones de sujetos en moto alrededor de la casa de su familia. El jefe de la investigación, el teniente Félix Durán, ha dicho que el modus operandi de estas organizaciones es pedir a las víctimas el lugar donde viven y los números de teléfono de familiares: “De esa forma quedan enganchadas a la organización”.

La víctima relató que era vigilada las 24 horas “bajo llave” en pisos destinados a la prostitución. La mujer “aprovechó uno de los envíos de dinero que tenía que hacer para llamar a una persona”, ha señalado el jefe de la investigación. El Equipo Conjunto de Investigación también consiguió trasladar de forma segura a España al hijo de una de las víctimas, en coordinación entre las autoridades colombianas y españolas, con varias ONG e instituciones sociales. De hecho, la operación se realizó el año pasado, pero no se ha informado de ella hasta que las fuerzas de seguridad han constatado que la familia de la víctima que denunció está a salvo. En la fase de ejecución de la operación en España se ha contado con la participación directa de agentes de la Policía Nacional de Colombia (DIJIN) y un grupo de investigadores de la Guardia Civil, que se trasladaron al país sudamericano.

La fiscal de Sala de Extranjería y Trata de Seres Humanos, Beatriz Sánchez, ha puesto en valor la relevancia del trabajo del equipo conjunto y ha confirmado que, desde la pandemia de covid-19, Colombia es el país desde donde más víctimas captan, seguido muy de lejos por Paraguay, Brasil, Venezuela, Rumania y Nigeria. La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2022 a 1.180 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 26 menores. Este balance es el resultado de 304 operaciones, que desembocaron en la detención de 693 personas y la desarticulación de 78 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo más de 7.600 inspecciones administrativas a locales dedicados a la prostitución y a centros de trabajo.

España aún no cuenta con una normativa específica para este delito, pero el texto está en marcha. El anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos salió en noviembre en primera vuelta del Consejo de Ministros y la previsión es que quede aprobado antes de que acabe esta legislatura, a finales de este año. El objetivo de la norma es amparar a todas las víctimas de ese tráfico, que es conocido sobre todo en su rama de explotación sexual (que tiene como víctimas de forma mayoritaria a mujeres y niñas), pero que también supone la explotación laboral y está relacionado con la extracción y venta de órganos y tejidos corporales.