Ante el inminente anuncio de su campaña presidencial en las próximas semanas, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha decidido fortificar al máximo la musculatura de sus credenciales ultraconservadoras. A pesar de los ruegos y peticiones de líderes políticos, religiosos y comunitarios de ambos partidos, DeSantis firmó el miércoles una controvertida ley para acabar con la inmigración ilegal, que incluye restricciones draconianas de dudosa constitucionalidad.

La nueva regulación convierte en delito grave el transporte de personas sin un estatus legal permanente a Florida. Invalida, además, el permiso de conducir obtenido en otros estados por los indocumentados. En el tema laboral, el texto amplía los requisitos de verificación migratoria de los trabajadores que ahora es obligatoria para las empresas con más de veinticinco empleados a través del sistema federal E-Verify. La ley establece fuertes sanciones de no hacerlo.

La Sección 5 de la controvertida norma exige a los hospitales acogidos al seguro médico subvencionado Medicaid a registrar el estatus migratorio de sus pacientes y, en el caso de los indocumentados, a entregar la información al estado acompañada del coste de la asistencia. La disposición es problemática, ya que vulnera la ética médica de confidencialidad y del deber de tratar a todos los enfermos.