JOSEP MARIA Loperena
Jurista y escritor

No son delincuentes. Son personas que subsisten en nuestro país sin documentación. Son los sin papeles, los miles de inmigrantes que fondean en las costas españolas huyendo de la hambruna y la miseria. Gentes del tercer mundo que sueñan con alcanzar un oasis llamado porvenir. El sistema, como no puede encarcelarlos por una infracción administrativa, los recluye en centros de internamiento a la espera de su repatriación, pero sus condiciones de vida allí son más duras aún que las de los presidiarios. Un lamentable vacío legal hace imposible la práctica de cualquier tipo de control a las organizaciones humanitarias. Se les restringen las visitas, se controla su correspondencia y se decomisan sus pertenencias personales. En síntesis: se encuentran al albur del abandono de la máquina administrativa y no tienen amparo judicial.
En Málaga, siete agentes del Cuerpo Nacional de Policía han cometido – – por supuesto, presuntamente – – delitos continuados de abusos sexuales contra algunas internas de un centro. El juez ha decretado prisión para tres de ellos y libertad con cargos para los demás. Los sindicatos policiales, haciendo gala de un machismo exasperante que raya la xenofobia, han tildado a las víctimas de prostitutas, como si ello justificase aquellos ignominiosos actos de abuso de poder. Añaden que “denunciaron en falso para evitar la expulsión”. Los procesados están amparados por la presunción de inocencia, pero las víctimas de los abusos sexuales tienen derecho a ser tratadas con dignidad. La autoridad judicial no debe tolerar insultos, vejaciones, malos tratos o abusos sexuales de la policía con inmigrantes. Su práctica nos retrae a un pasado tenebroso, por fortuna ya erradicado en la historia.
La democracia intentó cambiar la imagen ciudadana de la policía franquista. Se sustituyó el lúgubre color gris de su uniforme por otro atabacado, primero, y azul, después. Era preciso corregir la mentalidad popular con relación al cuerpo. Las fuerzas de seguridad debían dejar de ser el brazo represivo del dictador y convertirse en una institución al servicio del pueblo. Siete de sus miembros la pueden haber dañado gravemente. La justicia, para garantizar la bondad del organismo, debe actuar con firmeza, rigor y diligencia.