La Policía española detuvo el martes en Elorrio al propietario de una empresa de construcción que tenía empleados a siete extranjeros en situación irregular. SOS Racismo instó a perseguir los casos de «explotación» de trabajadores inmigrantes con el objetivo de proteger sus derechos, al tiempo que pidió que se regularice su situación administrativa.

ELORRIO

A.N.Ch., nacido en Guijrat (Pa – kistán), de 34 años y domiciliado en Gasteiz, fue arrestado por agentes de la Policía española el martes en Elorrio acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El detenido, propietario de una empresa de construcción, tenía contratados a siete inmigrantes, también de origen paquistaní, en situación irregular, según informó la Delegación del Gobierno español en la CAV, que anunció la instrucción de los correspondienes expedientes administrativos.

El arrestado, que contaba con autorización de residencia y permiso de trabajo, empleaba a ciudadanos de Pakistán para trabajar en distintas actividades relacionadas con la construcción, pero les abonaba cantidades muy inferiores a las pactadas en los convenios laborales que regulan esta actividad y, además, los trabajadores carecían de seguros y de alta en la Seguridad Social, ya que su situación era irregular.

La investigación policial concluyó con el arresto del empleador y con una inspección en una empresa de Elorrio, donde se localizaron a los siete trabajadores en situación irregular, a quienes, según las mismas fuentes, se les aplicó la normativa vigente que conlleva la instrucción de los respectivos expedientes administrativos.

SOS Racismo, que criticó la apertura de los expedientes, instó a «perseguir» los casos de «explotación» de trabajadores con el objetivo de proteger sus derechos y «castigar» a las empresas para que corrijan esas situaciones, al tiempo que aseguró que «defender a los trabajadores frente a posibles situaciones de explotación debe ir encaminado a mejorar su situación y darles más protección».

En este sentido, demandó que si la Administración localiza a un trabajador sin contrato, «debe hacer efectivo ese contrato, obligar a la empresa a legalizarlo y normalizar la situación, reconociéndose así todos sus derechos con el fin de terminar con esa vulneración de los mismos de la cual es víctima».

Regularización

A juicio de SOSRacismo, los trabajadores inmigrantes no deben ser «castigados, como suele ocurrir, dejándoles sin trabajo y, además, sancionados por trabajar o residir sin haber logrado obtener el permiso administrativo de residencia o trabajo correspondiente».

Manifestó que se les debe considerar «víctimas» y, tal y como indican la ley y las instrucciones de la inspección de la Seguridad Social, «debe regularizarse su situación a través de un permiso extraordinario por colaboración con la inspección de la Seguridad Social y/o con la justicia».

Asimismo, exigió que a los siete trabajadores en situación irregular detectados en Elorrio no se les abra ningún expediente administrativo que conllevaría una orden de expulsión.

Pidió, además, «un cambio radical» en las políticas de inmigración y en la Ley de Extranjería vigente en el Estado español que «permitan abrir vías para venir de modo normalizado y para acceder a regularizar la situación un vez aquí, como único modo de luchar realmente contra los abusos y la explotación».