Un ciudadano de origen pakistaní y residente en Vitoria fue arrestado el pasado martes en Elorrio por dar empleo de forma fraudulenta a siete personas de su misma nacionalidad en una empresa de construcción de su propiedad. A. N. CH., de 34 años, ha sido acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por emplear a sus compatriotras, en situación irregular, sin seguros y sin haberles dado de alta en la Seguridad Social. «Les abonaba cantidades muy inferiores a las pactadas en los convenios laborales que regulan esta actividad», informaron desde el Ministerio de Interior.

La detención llevada a cabo por agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco en Vitoria, en colaboración con funcionarios de la comisaría de Bilbao, ponía fin a una investigación abierta el 26 de julio para esclarecer la actividad irregular que había sido detectada en Elorrio. Inspectores de la Delegación de Trabajo de la Administración General del Estado en la capital bilbaína también formaron parte del operativo policial que descubrió la trama delictiva.

Sancionado por trabajar

El hecho de que los siete empleados de forma fraudulenta carecieran de papeles ha llevado al Ministerio de Interior a incoar los correspondientes expedientes administrativos. La tramitación de estos procedimientos recibió duras críticas por parte de SOS Racismo. «La apertura de órdenes de expulsión por encontrarles trabajando sin contrato es todo lo contrario a la defensa de los derechos de los trabajadores», expone la organización a través de un comunicado.

La ONG insiste en que los siete pakistaníes deben ser considerados «víctimas», por lo que debe regularizarse su situación a través de un permiso extraordinario. Considera, además, que «en ningún caso», se debe llegar a una situación en la que «quien debe ser protegido, sea en realidad castigado, que se quede sin trabajo y que además sea sancionado por trabajar o residir» sin tener los correspondientes permisos.

Además de exigir que se archiven los expedientes iniciados y, por tanto, no se les abran las órdenes de expulsión, desde el colectivo SOS Racismo reivindican un «cambio radical en las políticas de inmigración y la ley de extranjería como modo de afrontar la realidad y luchar realmente contra los abusos y la explotación que en este momento la ley promueve».