El gobierno alemán ha accedido a entregar mil millones de euros adicionales en 2023 a los Bundesländer para que puedan hacer frente a la atención a los refugiados, que están llegando al país al mismo ritmo que en 2015 y 2016. Además de este presupuesto de emergencia, la «coalición semáforo» se ha comprometido a examinar un nuevo sistema de distribución de la carga: el gobierno federal ofrece la posibilidad de establecer un «sistema de respiración».

Esto significa que la contribución financiera del gobierno central a los costes no se liquide con una tarifa plana, sino que se base en el número de migrantes. El diseño concreto está abierto, pero estaría basado en una financiación porcentual per cápita. La Conferencia de Presidentes en la que los Bundesländer han puesto al canciller Scholz contra las cuerdas, incluidos los presidentes regionales de su mismo partido, el socialdemócrata (SPD), ha pospuesto sin embargo la decisión sobre un cambio fundamental en la estructura de la financiación de la acogida a refugiados y volverá a tratar el asunto en una próxima reunión el 23 de junio, en la que se presentarán sobre el papel las propuestas ahora mencionadas. La decisión definitiva podría tomarse el 23 de noviembre.

Alemania recibió en 2022 la cifra récord de 1,2 millones de refugiados, unos 300.000 más que en 2015, el año en que Merkel abrió las fronteras a los refugiados de Siria y pronunció la ya célebre frase «¡Lo conseguiremos!». Ahora son más de un millón de ucranianos los que han ingresado en el país solo el año pasado, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (Bamf) registró 101.981 solicitudes de asilo sólo en los primeros cuatro meses de este año, un 78% más que en el año anterior, y las administraciones regionales vuelven a estar desbordadas, puesto que deben financiar el alojamiento, gastos, escolarización y aprendizaje del idioma de los recién llegados mientras se tramita su solicitud de asilo y seguir haciéndolo de forma indefinida a los que superan el trámite burocrático, que en cualquier lugar dura largos meses.

Los trámites se prolongan indefinidamente en el caso de refugiados procedentes de Siria, Irak, Afganistán y Turquía, que a menudo no pueden presentar documentación válida que las autoridades alemanas puedan comprobar en conexión con las autoridades de los países de origen. «Estamos al límite, los ayuntamientos no sabemos ya qué hacer», explicaba al inicio de esta «cumbre de inmigración» celebrada hoy en Berlín el ministro de Interior de Sajonia, Armin Schuster. En la reunión se han acordado medidas como la digitalización de todos los procesos de solicitud de asilo, incluido el expediente electrónico, de la que se encargarán los Bundesländer. El punto central de discordia sigue siendo la distribución de las cargas financieras que surgen con el creciente número de refugiados y solicitantes de asilo en términos de alojamiento, atención e integración.

«Nos enfrentamos a un gran desafío», ha dicho el canciller Scholz tras la reunión, «creo que este es un buen día para el federalismo y que es bueno para la democracia desarrollar soluciones juntos». Scholz ha declarado también que considera posibles los controles fronterizos con otros países vecinos de Alemania. Es «importante que protejamos bien nuestras propias fronteras», ha dicho en referencia a los controles existentes en la frontera con Austria, «dependiendo de la situación, también tomaremos medidas similares en las fornteras otros países vecinos o intensificaremos las búsquedas«.

El gobierno de Berlín intenta ganar tiempo porque espera conseguir una solución europea al la cuestión de la inmigración. La ministra de Interior, Nancy Faeser, ha presentado un proyecto de centros de tránsito en las fronteras exteriores europeas, procedimientos de asilo rápidos, deportación inmediata a los que sea denegado el asilo y distribución de solicitantes reconocidos. El canciller Scholz ha adelantado que espera que una reforma europea obtenga éxito en el período legislativo actual del Parlamento Europeo, para la primavera de 2024, y que incluya la «identificación, registro y verificación confiables de las identidades en las fronteras exteriores de la UE». Pero este proyecto contrasta marcadamente con las promesas electorales de la primera ministra italiano, Giorgia Meloni, porque países como Italia, España y Grecia, pero también Lituania y Polonia, estarían obligados a registrar a los inmigrantes y comprobar sus solicitudes de asilo. A cambio, los demás países de la UE se comprometerían solamente a acoger a los solicitantes de asilo reconocidos y apoyar las deportaciones del resto. Meloni ha prometido establecer centros de tránsito adecuados fuera de las fronteras de la UE y en los países de origen o de tránsito, como Libia o Túnez, desde donde parten la mayoría de los inmigrantes para cruzar el Mediterráneo hacia Italia y con la intención de llegar después a Alemania.