Un nuevo video difundido este jueves muestra el minuto a minuto de la masacre ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 40 migrantes fallecieron quemados y asfixiados dentro de una de celda de detención del Instituto Nacional de Migración (Inami). Las imágenes, que duran 16 minutos, muestran desde diferentes cámaras de seguridad qué pasó el 27 de marzo en el edificio federal. Desde la mañana, cuando decenas de migrantes esposados ingresaron en la dependencia de Gobierno, hasta pasadas las 20.30 horas, cuando se desató el incendio y el caos. La tragedia conmocionó a un país acostumbrado a una feroz política migratoria. Por el incendio ha sido imputado este martes el jefe de la autoridad migratoria federal, Francisco Garduño, por ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, continúa en su puesto. Además, otros siete funcionarios han sido vinculados a un proceso judicial, uno de ellos el delegado del Inami en Chihuahua, Salvador González. También están en prisión preventiva un guardia de seguridad de una empresa privada y uno de los migrantes, acusados de homicidio y lesiones.

Las imágenes conseguidas por El Diario de Juárez permiten hacer una fiel reconstrucción de lo que ocurrió ese lunes de marzo. El video se compone de cámaras situadas en diferentes ángulos y estancias como no se habían hecho públicas hasta ahora. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que está encabezando las conferencias matutinas mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se recupera de covid-19, ha dicho este jueves que la Fiscalía no tenía constancia de estas imágenes.

El video comienza a las 11.13 de la mañana, cuando decenas de migrantes ingresan en fila india, con las manos amarradas en la espalda, por el pasillo principal del centro, acompañados de agentes del Inami. Ese día se desató desde temprano una brutal redada en las calles de Ciudad Juárez. La localidad fronteriza se ha convertido desde hace meses en una olla a presión, con miles de personas varadas, que aguardan la esperanza de conseguir una cita con las autoridades estadounidenses para cruzar de manera legal la frontera. Mientras eso ocurre, los migrantes, en su mayoría de Venezuela y Centroamérica, sobreviven a base de pequeños trabajos y de la caridad de albergues y asociaciones de derechos humanos.

El 12 de marzo, unos 600 migrantes desesperados bloquearon el puente principal que une Ciudad Juárez y El Paso para pedir que se agilizaran los trámites. El episodio fue muy criticado por el alcalde de la localidad, el morenista Cruz Pérez, quien llegó a decir: “Se nos está acabando la paciencia”. En ese marco, el 27 de marzo las autoridades municipales y del Inami —todavía se desconoce quién ordenó la redada— detuvieron a más de 60 personas, la mayoría venezolanas, y las llevaron al centro por no tener sus papeles en regla. Los arrestos, según ha podido saber EL PAÍS, se dieron a la salida de hospitales, en las aceras, cuando los migrantes vendían paletas o limpiaban vidrios, o dentro de tiendas como el Oxxo. Algunas de las personas retenidas tenían permiso de estancia legal en México.

A las 12.30, las imágenes muestran a decenas de hombres dentro de una celda con colchonetas de colores. Algunos de ellos, según la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República, llevaban ahí desde el 24 de febrero, más de un mes. La dependencia no ha especificado cuántos o de qué nacionalidades.

Unas dos horas más tarde, los detenidos comienzan a formarse en una fila dentro de la celda, presumiblemente para recibir agua o comida. Son más de 60. Al otro lado, seis funcionarios resguardan la estancia, mientras que dan paso a la entrada y salida de los detenidos hacia una sala de espera.

Las imágenes dan un salto hasta las 20.13 horas. Los ánimos son distintos. Los migrantes se arremolinan contra la verja que conecta con los agentes. Algunos se encaraman a los barrotes y, aunque el video no cuenta con sonido, se percibe cómo tratan de comunicarse. El guardia que está en ese momento vigilando está recostado en una silla, con las manos detrás de la espalda.

Según se desveló en el juicio al que asistieron periodistas y activistas, en el centro de detención se acabó el agua, el papel higiénico y tampoco llegó la comida para todos. Un guardia de seguridad de la empresa privada Camsa dijo haber avisado al jefe de recursos materiales de todo lo que faltaba. Sobre el agua, le indicaron que pusiera directa de la llave a los garrafones. “Una oficial me respondió que no realizara esa indicación, debido a que el agua no era potable porque tenía tiempo que no habían cambiado los filtros de agua y tenían una tonalidad amarilla”, dijo Omar Indalecio P. M. ante el juez.

Sin llaves ni extintor
A las 20.27 los migrantes empiezan a protestar, aparentemente por estas condiciones, y comienzan a cubrir la celda con los colchones que se repartían por el suelo. Los van apilando hasta que cubren toda la entrada. El guardia, al principio, no reacciona. Después trata de mover, sin éxito, alguna de las colchonetas. Al cabo de unos momentos, llegan tres agentes de migración, algunos se suben a la mesa y tratan de hablar con los migrantes, y otros hablan por teléfono. Poco a poco, la escena se va tornando gris. Aunque desde el ángulo de esa cámara no se observa el fuego, se nota el humo. Los migrantes quitan algunos de los colchones de la puerta de entrada de la celda. Ahí se acercan los agentes, pero no la abren. Ninguno de los responsables del centro migratorio aparece con llaves o con extintor.

Poco a poco, el humo se hace más intenso y empieza a empañar las imágenes. En esos momentos finales, hay cuatro funcionarios. Dos con sus celulares y otros dos dialogando con los migrantes. Segundos después se empieza a ver el resplandor del fuego y finalmente las llamaradas. A las 20.31, todos funcionarios han dejado la sala, nadie ha tratado de abrir la puerta a los migrantes, que se han quedado encerrados con el incendio. Testigos del incendio contaron que en esos momentos se oían los gritos y las patadas contra las paredes de las personas atrapadas tras los barrotes. Había dentro 68 hombres, 37 fallecieron dentro de esa celda y tres más tarde en los hospitales. Otros 27 sufrieron heridas, algunos siguen internados.

A esa misma hora, el video cambia de estancia hacia la celda de retención de las mujeres. Había 15 mujeres en una sala con literas. Se las ve hablando hasta que una de ellas comienza a taparse el rostro con la camiseta. Unos segundos después, las siguen todas las demás. El humo comienza a llenar también esta sala. Hasta que alguien —a quien no se ve el video— abre la puerta para que ellas empiecen a salir. No se registran víctimas.

El primer extintor que aparece en el video llega a las 20.33 cuando un agente entra con él corriendo por la puerta principal. Tarde para conseguir parar el poderoso incendio que ya ha convertido al edificio federal en una chimenea. Tras unos minutos entran, también a la carrera, los agentes de la Guardia Nacional, que salen poco después.

El incendio es sofocado por el cuerpo de bomberos, aunque ya no aparece en el video. Según el director de Protección Civil de Juárez, Roberto Briones, nadie llamó al servicio de emergencias. Fue un capitán de bomberos que estaba de guardia por la zona quien vio el humo y avisó a la central. “Fue una casualidad, es por eso que afortunadamente pudimos sacar aún a personas con vida”, sentencia Briones, que señala que sus trabajadores hicieron más de 60 viajes.

10 acusados por el incendio
Las responsabilidades por la tragedia todavía están empezando a deslindarse. En un primer momento, fueron acusados de homicidio y lesiones, tres agentes del Instituto Nacional de Migración, dos guardias de la empresa Camsa y uno de los migrantes, por presuntamente haber empezado el fuego, Jeison Daniel Catarí. Todos menos uno de los guardias —quien está prófugo— fueron detenidos, vinculados a un proceso judicial y llevados a prisión preventiva. Sin embargo, las críticas no cesaban sobre el funcionamiento habitual de estos centros para que escalaran las responsabilidades.

Un abogado y varias organizaciones también demandaron al contralmirante Salvador González, jefe del Inami en Chihuahua, por haber presuntamente dado la orden de no dejar salir a los migrantes. Finalmente, González fue detenido y puesto en prisión. Otros tres funcionarios: el jefe de recursos humanos, el coordinador del Grupo Beta Protección Migrantes y otra agente fueron también detenidos y vinculados a proceso. De todos estos es Francisco Garduño el funcionario de mayor rango acusado. Pero, todavía protegido por el Gobierno de López Obrador, sigue en su puesto.