SAN SEBASTIÁN. DV. Una de cada tres mujeres maltratadas en el País Vasco solicita una orden de protección cuando interpone la denuncia, aunque los tribunales sólo han concedido tres de cada cuatro peticiones. Son algunos de los datos registrados transcurrido un año desde la puesta en marcha de los juzgados específicos de violencia de género, el 26 de junio del año pasado.

Las estadísticas ofrecidas ayer por el departamento de Justicia del Gobierno Vasco vuelven a destapar una execrable realidad que se ha traducido en 3.761 denuncias interpuestas en los últimos doce meses. O lo que es lo mismo, Euskadi registra una media de diez denuncias al día por agresiones a mujeres y cuatro solicitudes de protección diarias. En el 97,9% de los casos, fueron las propias víctimas quienes formalizaron la petición de ayuda. El Ministerio Fiscal solicitó el 2% y también se recibieron peticiones de familiares o amigos de las mujeres agredidas. Además, se han recibido 326 asuntos civiles, la mayoría divorcios a través de un contencioso.

Víctimas inmigrantes

Uno de los colectivos «más vulnerables» de la de violencia de género son las mujeres inmigrantes. Una de cada cuatro denunciantes era de procedencia extranjera, «una proporción que luego no se da en la sociedad», subraya la directora de Relaciones con la Administración del departamento vasco de Justicia, Inmaculada De Miguel, quien hace una lectura crítica de este dato y reconoce que «hay que tomar medidas» para atajar esta lacra social. La prevención y la coordinación entre todos los departamentos y servicios judiciales son, a su juicio, dos de los caminos que seguir. También hay que perseverar en el «asesoramiento y protección a las víctimas» para no volver a repetir estas estadísticas.

Los delitos más denunciados han sido las lesiones (34%), seguidos de los delitos contra la libertad (32%) y los delitos contra la integridad moral (8%), mientras que los delitos contra la libertad sexual sólo supusieron el 1% de las denuncias. La mayoría de las faltas, que se castigan con penas más leves, correspondieron a injurias (62%) y a vejaciones injustas (20%). Según los datos, la violencia sobre la mujer sigue siendo más frecuente entre los cónyuges (el 37% de los casos) y en el marco de relaciones afectivas (24%), mientras que disminuye cuando no existe ningún tipo de vínculo.

Las medidas judiciales dictadas dentro de una orden de protección fueron sentencias de alejamiento en el 32% de los casos, seguidas de prohibiciones de comunicación (31%) y de salidas del domicilio (6%). Sólo el 5% de las denuncias acabaron con penas de prisión para el agresor.

Por lo que respecta a las medidas civiles, los jueces determinaron pensiones alimenticias en el 30% de los casos y la atribución de una vivienda en el 27%, mientras que se suspendieron el régimen de visitas, la patria potestad y la guarda y custodia de los hijos en el 17% de los casos.

Un nuevo juzgado

Los tres juzgados específicos sobre violencia de género – uno en cada capital vasca – trabajan a un ritmo imparable. Es más, en Bilbao no dan abasto y ya se ha acordado la apertura de un nuevo tribunal para diciembre de este año. La propuesta de abrir otro en Barakaldo, donde el volumen de denuncias es similar al de Donostia (541 en un año), no ha sido sin embargo aceptada, según confirma De Miguel. En lo que respecta a los tribunales guipuzcoanos, se recibieron un millar de denuncias, la mitad en el juzgado específico de Donostia y el resto en los partidos judiciales de Tolosa, Azpeitia, Bergara, Eibar e Irun.

Según apuntan desde el Gobierno Vasco, los datos indican un ligero aumento del número de denuncias, que interpretan como el resultado de una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar un caso de maltrato y no como un repunte del maltrato hacia la mujer. «Afloran dramas que hasta ahora estaban ocultos» en la realidad de cada hogar, precisa De Miguel.

La última víctima mortal de la violencia de género en Euskadi fue una mujer, que fue asesinada por su compañero sentimental en Basauri, el pasado mes.