La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha suspendido el juicio que iba celebrar este miércoles contra un hombre acusado de violar en 2020, en el confinamiento por el Covid-19, a una chica de 21 años que estaba acogida en una vivienda de una ONG y a la mujer responsable de este inmueble, al no estar presente en la sala la víctima para testificar, se encuentra en México, y tras las objeciones de las defensas de los acusados de que declarara a través del sistema Webex.

El juicio se ha pospuesto así hasta el próximo jueves 23 de noviembre para dar tiempo a que declare la víctima por videoconferencia, vía cooperación internacional. La joven no forma parte de la causa, de la que se retiró en marzo de 2022 tras ser indemnizada con 30.000 euros por la acusada. De este modo, declarará como testigo principal del ministerio fiscal.

El abogado del acusado, para el que el fiscal pide 15 años de cárcel por agresión sexual, se había opuesto a la declaración por Webex de la víctima al entender que incluso podía afectar a su identificación, mientras que el letrado de la mujer, que se enfrenta a 12 años de cárcel por el mismo delito, ha mostrado asimismo su objeción al considerar que la declaración por Webex puede condicionar la «credibilidad» de la testigo esencial del ministerio público, que en la instrucción fue testigo protegido.

La sala, tras deliberar, ha decidido así suspender la vista al entender que, una vez superada la pandemia, la declaración por Webex, aunque no afecta a la identificación de la testigo, se salta las previsiones normativas y hay que agotar primero la vía procesal prevista.

De este modo, el presidente de la sala ha considerado que «las trabas» argumentadas por las defensas son «más que razonables», ya que el problema es que «no se tiene a la testigo a disposición del tribunal», y al estar la víctima en México se recurrirá a la cooperación judicial internacional y, en caso negativo, ya se adoptarían «otro tipo de decisiones».

Vestido con chaleco de Protección Civil
Los hechos, según el relato provisional del ministerio público, sucedieron en abril de 2020, durante el estado de alarma, cuando el procesado acudió al piso, en el que se refugiaban personas en situación de protección internacional o solicitantes de asilo, vestido con un chaleco de Protección Civil.

Una vez en la vivienda, la procesada le llevó hasta la habitación de la víctima, que estaba acogida en un programa de la Cruz Roja, quien preguntó sobresaltada: «Qué pasa». La acusada se echó a reír y dejó que el encausado pasara al interior del cuarto, donde forzó sexualmente a la mujer pese a la resistencia de ella, según Fiscalía.

Tras los hechos, el hombre le entregó dinero a la acusada, le dijo «ya está» y se marchó. La víctima se encerró en el baño y lloró durante tres horas. Al salir le preguntó a la acusada por qué le había hecho esto y la procesada le replicó: «Cállate pendeja de mierda».

La víctima denunció los hechos el 20 de mayo acompañada por una colaborada de una ONG y a consecuencia de ellos, y evaluada por el médico forense, se le diagnosticó un trastorno por estrés post traumático de severidad grave.