La tragedia de Ciudad Juárez sigue acumulando responsabilidades. La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado este jueves de que un juez ha pedido la detención de Salvador González y otros tres funcionarios, por la muerte a finales de marzo de 40 migrantes en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (Inami) en la ciudad fronteriza. González era el delegado del instituto en el Estado de Chihuahua. La Fiscalía les acusa de asesinato e intento de asesinato, por los otros 25 heridos que dejó el fuego en la estación migratoria. Los cuatro se suman a otros cinco acusados: los tres trabajadores del Inami, un vigilante de la empresa privada que trabajaba en el centro y uno de los migrantes encerrados que, supuestamente, habría iniciado el incendio.

La investigación llega así a la parte alta del organigrama del Inami en el Estado. Falta por ver qué ocurre con la dirección nacional del instituto, con Francisco Garduño a la cabeza. La FGR ha informado este jueves también de que el comisionado del Inami está citado a comparecer a finales de la próxima semana ante el juez. La Fiscalía anunció el martes que iba a “proceder penalmente” contra el comisionado por incurrir “en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo”.

Salvador González delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua.
Salvador González delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua.
CONGRESO DE CHIHUAHUA
La agencia investigadora no ha dado mayor detalle sobre las órdenes de detención, si las ha cumplimentado o no. “La Policía Federal Ministerial se encuentra ejecutando los mandamientos judiciales correspondientes”, ha explicado. A falta de saber con qué pruebas cuentan los investigadores, la sombra planea sobre González desde hace semanas. El presidente de la barra de abogados asesores de refugiados en Juárez, Jorge Vázquez Campbell, denunció tras la tragedia que había sido el delegado quien había ordenado a sus subordinados que no abrieran la celda donde estaban encerrados los migrantes, según testimonios que él mismo recogió.

Los otros tres funcionarios en busca y captura son Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”. Este jueves por la tarde, varios medios han informado de que al menos uno de ellos, el tercero, ya habría sido detenido, instancia que no ha confirmado la Fiscalía. Mientras tanto, esta semana Guatemala y otros países han empezado a repatriar los cadáveres de sus nacionales que murieron en el incendio.