Los representantes de la Federación Española de Municipios trasladaron al
ministro su «insatisfacción» sobre la gestión de los fondos para la
inmigración, ya que, según denunciaron, «no llegan a las corporaciones
locales». Gallego exigió que se produzca «un giro» en la gestión de estos
fondos, los que «deberían remitirse a los municipios según aprobó el
Parlamento». «Los Ayuntamientos tenemos que hacer frente a muchas
cuestiones y esos fondos irían a una mejora de la inmigración con carácter
global», reiteró. Gallego aseguró que «hubo voluntad parlamentaria» para
destinar estos fondos, pero no llegan a su destino.
   Por su parte, el
titular de interior remitió a los representantes de la FEMP a que se
dirigan a los portavoces de los grupos parlamentarios para que «tomen
cartas en el asunto». Según recordó, se creó un fondo para la atención de
la inmigración que estaba en torno a los 80 millones de euros en el 2005 y
se ha duplicado a 160 millones de euros en 2006. Ese fondo debía dividirse
al 50 por ciento entre ayudas a las escuelas que escolarizan hijos de
inmigrantes y a los municipios que llevan a cabo la integración social.
Rubalcaba aseguró que el Estado ha transferido el dinero a las comunidades
autónomas, y son éstas «las que debían haberlo transferido a los
ayuntamientos».
   Con respecto a los inmigrantes, el titular de
Interior insistió ayer en que el ministerio del que es titular «será
contundente» con los policías adscritos al Centro de Internamiento de
Extranjeros de Málaga si se demuestra que abusaron sexualmente de algunas
inmigrantes en el módulo de mujeres. En este sentido, Rubalcaba subrayó
que si se ha producido «una actuación judicial» es «porque hubo una
investigación interna de la Policía», que según señaló, «actuó en cuanto
tuvo las primeras noticias de que se podrían haber producido estas
actuaciones». No obstante, el ministro recordó que «hay que poner sobre la
mesa la presunción de inocencia».