La oenegé catalana de defensa de los derechos humanos Irídia ha denunciado este jueves que ha sufrido algún tipo de traba judicial (por parte del juez, fiscal o policía) en el centenar de causas judiciales de vulneración de derechos humanos que ha llevado desde 2016. En la rueda de prensa en que se ha presentado el informe de violencia institucional de Catalunya en 2022, se ha dado a conocer que un juez investiga a cinco policías de Cornellà de Llobregat por lesiones racistas a un joven.

La finalidad de Irídia es la de atender a cualquier víctima de violencia institucional, por lo que las causas judiciales que lleva son la defensa de personas que son acusadas de algún delito por la administración pública a causa de algún tipo de discriminación y la acusación a policías y funcionarios que han ejercido algún maltrato a personas utilizando su condición de empleado público.

Según ha publicado Irídia este jueves en su informe anual de violencia institucional, en un 96% del centenar de causas judiciales en las que ha trabajado desde 2016 ha sufrido alguna traba judicial: o bien el juzgado no ha garantizado una investigación efectiva de los hechos o bien la Fiscalía no ha asumido un rol proactivo en el esclarecimiento de los hechos o la policía no ha facilitado los datos necesarios para la investigación.

Respecto a la acusación de no colaboración policial, la entidad destaca en su informe que solo en 11 de las 57 causas judiciales por violencia institucional en las que está personada a día de hoy ha habido una investigación policial interna y, de estas, tres han sido a iniciativa del propio cuerpo policial, mientras que ocho han sido realizadas por requerimiento judicial.

En cuanto a la Fiscalía, Irídia la acusa de haber tenido un rol proactivo para esclarecer los hechos en solo dos de las 57 causas mencionadas. Y respecto al poder judicial, la oenegé denuncia que en un 50% de estas 57 causas el juez ha archivado la causa sin realizar todas las diligencias de investigación necesarias o ha decretado que la causa se tramite como un delito leve.

De estos casos archivados, Irídia apunta que más de la mitad han sido finalmente reabiertos gracias a recursos interpuestos por ellos y estimados por instancias superiores.

Según el informe de violencia institucional en 2022 en Catalunya presentado este jueves en el Colegio de Periodistas junto al Servei d’Atenció i Denúncia davant Situacions de Violència Institucional (Saidavi) y SOS Racisme, a lo largo del año pasado, 113 personas que sufrieron algún tipo de abuso pidieron ayuda a la entidad pero solo 57 de estos casos reunían las características de violencia institucional y fueron, por tanto, atendidos por Irídia.

En 2021, fueron 161 las personas que se dirigieron a la oenegé y 62 los casos finalmente atendidos por ella. De los 57 episodios de violencia institucional que ha conocido Irídia en 2022, un total de 35 corresponden a actuaciones policiales en el espacio público, siete ocurrieron en cárceles, cinco en comisarías de policía, cuatro en domicilios privados, cuatro en protestas en la calle, uno en un centro de internamiento para extranjeros (CIE) y uno en una Fiscalía de Menores.

La distribución por sexo de las víctimas es de 37 hombres, 18 mujeres, una mujer trans y una persona que no indicó el género.

De los 57 casos que ha atendido, Irídia ha asumido la defensa judicial de seis de ellos, que se suman a otras 51 causas judiciales abiertas y originadas otros años, por lo que la entidad lleva un total de 57 procesos judiciales.

Irídia ha querido poner el foco en este informe en las discriminaciones racistas y ha asegurado que de las 57 causas que defiende en los juzgados actualmente, un 33% se corresponde con discriminaciones o agresiones racistas.

La abogada de Irídia Sònia Olivella ha detallado en la presentación que la discriminación racista que más se repite es la identificación policial arbitraria en el espacio público, que sufren especialmente los jóvenes de nacionalidad marroquí, colombiana y senegalesa.

Además, según Olivella, a los que más para la policía son a los que se desplazan en bicicleta o patinete y a muchos les requisan el vehículo alegando que no disponen de papeles que acrediten su condición de propietarios: “La incautación de estos vehículos se pierde y las víctimas no pueden recuperarlos”, ha asegurado.