En los últimos años, se ha producido un incremento de denuncias contra el sector inmobiliario después de que diferentes dueños de viviendas e inmobiliarias hayan tenido conductas racistas hacia los posibles inquilinos. Negarse a alquilar un piso, modificar las condiciones o subir el precio ofertado originalmente solo por el origen o la religión son algunas de las experiencias que las personas extranjeras de nuestro país pueden sufrir durante la búsqueda de una vivienda.

La situación está dejando sin hogar a miles de refugiados. «En dos meses habré llamado a 40 y no me han dejado visitar casi ninguno. Ni en Madrid ni en Guadalajara. Todos superan el precio que podemos pagar con la ayuda del Gobierno. Todos te piden nómina. Te desesperas», contaba a este medio Irina, una mujer ucraniana que llegó a España tras la invasión por parte de Rusia.

En 2021, el cómico Yunez Chaib contaba en primera personas las dificultades que él había tenido para encontrar una vivienda digna. “Eres el candidato ideal”, le dijeron a Chaib al ver que tenía un trabajo estable, quería quedarse un año en el inmueble y no tenía mascotas. Todo se derrumbó cuando tuvo que decir su nombre, contó el cómico en La Resistencia. “Yunez Chaib” debió sonar “demasiado extranjero” para el dueño de la casa, que rápidamente cambió de parecer y ya no quiso alquilarle el piso.

Esto es lo que se conoce como racismo inmobiliario, es decir, una serie de prácticas discriminatorias que llevan a cabo tanto propietarios como agencias inmobiliarias y que van dirigidas a imposibilitar o perjudicar el acceso a una vivienda a las personas extranjeras. Estas prácticas son constitutivas de delito al vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española, sobre Igualdad de Trato y No discriminación, según recoge la organización Accem. Asimismo, no alquilar una vivienda a una persona extranjera por el simple hecho de serlo supondría incurrir en un delito de odio, tipificado en el art 512 del Código Penal vigente.

Qué dicen los datos
En España, la discriminación en el sector inmobiliario es un fenómeno normalizado. El 72.5% de las inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación, según concluye el informe ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler. El informe ha sido elaborado por Provivienda por encargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este racismo explícito implica el bloqueo total en el acceso a la vivienda a ciertas personas por el simple hecho de ser extranjeras. Sin embargo, tal como recoge el texto, “los mecanismos discriminatorios para negar el acceso a una vivienda llevados a cabo no siempre son detectados». «Muchos de estos se emplean de forma oculta, aprovechando el desconocimiento de las leyes en materia de vivienda e incluso de los propios derechos que como colectivo migrante tienen en España”, señalan.

De esta manera, del 27,5% restante que no acepta la forma explícita, el 81,8% lleva a cabo prácticas de discriminación relativa. Nos referimos a discriminaciones menos explícitas, indirectas u ocultas. “Anunciar el piso más caro, pedir permiso de residencia, aumentar condiciones de la fianza, pedir excesiva información económica, recoger información en detalle del número de personas de la unidad de convivencia, reducir períodos de contrato o incluir cláusulas de recuperación de la vivienda”, ejemplifica el texto.

El estudio también observa una oferta sesgada de viviendas en función del perfil demandante de vivienda. “Por un lado, a la persona española se le ofrecen de media 1.5 pisos más como complemento al piso del anuncio inicial por el que se solicita información, mientras que a la persona extranjera la media es de 1.2 pisos”, recoge el informe.

El acento o el nombre bastan para discriminar
La discriminación puede empezar desde que el candidato se pone en contacto con la inmobiliaria o el dueño de la casa. No hace falta tener ningún tipo de contacto en persona, sino que la vía telefónica “es suficiente” para ejercer racismo. Según el informe citado, el acento o la barrera idiomática es la primera señal que identifica a una persona extranjera. De esta manera, es el primer desencadenante de un trato discriminatorio. “Esta información les permite [a las inmobiliarias] poder llevar a cabo una discriminación directa sin necesidad de preguntar por su origen”, explica el informe. Algo así le pareció a Chaib, quien pese a tener acento español cuenta con un nombre de origen extranjero. Su nombre fue suficiente para que sufriera racismo inmobiliario.

No es el único estudio que se pronuncia al respecto. Según un informe realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, más del 60 % de las agencias inmobiliarias aceptan la discriminación étnica en el alquiler de viviendas, dejando fuera del proceso de selección al perfil señalado.

Ya llegan las sanciones
Mientras todo esto sigue ocurriendo en nuestro país, las víctimas del racismo inmobiliario no se están quedando calladas y están denunciando este tipo de situaciones. Y la Justicia está actuando. En Barcelona, una jueza ratificó en julio de 2022 la sanción de 90.001 euros a una persona que alquilaba un piso en el que el requisito principal era ser «una persona española». Tal y como confirmó el ayuntamiento entonces, esta ha sido la primera sentencia en España referente a un caso de discriminación en el acceso a la vivienda. Un mes después, en agosto, el Ayuntamiento de Barcelona volvió a actuar, multando con 45.000 euros al dueño de una vivienda y a una inmobiliaria por negarse a alquilar un piso a un ciudadano marroquí por racismo.

La ausencia de medidas que protejan de forma efectiva a las personas extranjeras de la discriminación desemboca en procesos de exclusión residencial. Esto puede dejar a miles de personas sin un lugar digno donde poder vivir. Frente al racismo inmobiliario hay que ser claros: todo el mundo, independientemente de su origen, raza o religión, debe tener acceso a una vivienda digna.

¿Y si soy yo quien lo sufre?
Como estas prácticas constituyen un delito, lo primero que se debe hacer es conseguir pruebas que demuestren que ha sufrido una discriminación. “La persona que se encuentre agraviada ante esta actitud discriminatoria lo primero que ha de hacer es preparar pruebas de cargo de estos hechos, valiéndose para ello de testigos, grabaciones, de cualquier prueba válidamente obtenida en Derecho”, explica Legalitas en su página web. Con estas pruebas, se puede proceder a poner una denuncia. Según esta asesoría jurídica, las personas perjudicadas pueden acudir a Tribunales ordinarios, al Tribunal Constitucional o ponerse en contacto con el Defensor del Pueblo.

Pese a que existen estos procedimientos, algunas organizaciones como Provivienda exponen que a veces las denuncias no acaban en la imposición de sanciones. “Muchas veces por la dificultad de tener pruebas suficientes que acrediten la discriminación o por la incapacidad de continuar participando en el procedimiento más allá de la presentación de la denuncia”, detallan en su web. Esta misma asociación proporciona asesoramiento a las personas que hayan sufrido discrminación en el mercado inmobiliario, por lo que quien se encuentre en esta situación puede solicitar ayuda a través de su buzón.