Apoyar sin desmayo la visibilidad de las graves consecuencias que generan los delitos de pederastia en todos los ámbitos de la sociedad, también en el eclesiástico, es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos todos y todas quienes de algún modo llevamos años contribuyendo a la batalla por depurar responsabilidades y lograr que la verdad y la justicia se impongan en aras del reconocimiento, reparación y acompañamiento de todas las víctimas y supervivientes del gravísimo delito de pederastia. Las crisis de ansiedad, depresiones y cambios bruscos en la estabilidad emocional son, haciendo un resumen sucinto, secuelas generalizadas pero más allá, existe el día a día, con picos en el rendimiento laboral y educativo, aislamiento social y un vaivén continuo auspiciado por las consecuencias del shock por estrés postraumático generado a causa del delito perpetrado.

Alteraciones del sueño, hipervigilancia, incapacidad de generar impresiones positivas, problemas de concentración, arrebatos de furia, sobresaltos, falta de apetito, en algunos casos acciones autodestructivas, y así un amplio elenco de secuelas generadas por un gravísimo ataque a la integridad física y emocional del niño o niña. Si ya per se lo descrito es terrible, podríamos añadir la más que habitual práctica perversa de la doble victimización que frecuentemente se suma a las denuncias de estos delitos perpetrados en pleno proceso de forja de la personalidad de los menores abusados y agredidos.

En muchos supuestos llegando incluso a otro delito: el de la incitación al odio y ataque al honor de los menores que dan el paso de denunciar. Casos como el de Teresa, Javier, Miguel, Emiliano, Juan y tantos otros y otras que sufren en las redes sociales y en otros foros graves ataques y cuestionamientos irracionales, perversos y a las cosas se les llama por su nombre, delitos insoportables e intolerables. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2007 dedica su primer artículo a proclamar que: “La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”. Y continúa afirmando en el artículo 21.1 que “se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”.