Ciudad Juárez está clavada en el imaginario de medio mundo por las espirales de violencia que sufre su población. Las guerras entre cárteles, los feminicidios incesantes y el ecosistema mafioso de la trata han moldeado una representación sombría y desesperanzadora del lugar. El pasado lunes las esperanzas se hicieron de nuevo añicos. La muerte de 39 personas en un centro de detención de migrantes, a tan solo unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, es el símbolo del cortocircuito de todo un sistema. No solo de lo que falló en la estación del Instituto Nacional de Migración (Inami), una dependencia del Gobierno mexicano, sino también del fenómeno migratorio y las penalidades que lo rodean: el drama sin fin de la miseria, la persecución, el desarraigo y la privación.

Lo que sabemos se resume, de momento, en los 32 segundos de un vídeo de una de las cámaras del centro. Una celda repleta de migrantes, un incendio provocado por unos internos que iban a ser deportados, según las autoridades, unos vigilantes que ni se acercan a la puerta pese a la evidente desesperación de los reclusos y el humo que devora la escena. Murieron asfixiados y carbonizados. La investigación de la Fiscalía apunta a tres funcionarios, cinco guardias de seguridad y un migrante. Por supuesto, fue una tragedia, pero no una desgracia más. En los últimos días, lo sucedido nos ha hablado de México, su relación con Estados Unidos y las tensiones políticas internas con la campaña electoral de fondo, pero también de Centroamérica, Venezuela, las caravanas y la disonancia entre las buenas intenciones y la realidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió transparencia y justicia: “De ninguna manera vamos a ocultar nada”. El viernes por la tarde un grupo de migrantes cortó el paso a su coche durante una visita a Ciudad Juárez y, por ahora, no se ha producido ninguna dimisión. Pero al margen de las indagaciones que deberán determinar las negligencias y reparar, al menos a través de la verdad, a los familiares de los fallecidos y de las decenas de heridos, lo ocurrido ha removido las aguas de la arena política de Washington a Caracas.
Dos de los principales funcionarios del Gobierno mexicano, el secretario de Gobernación, el departamento encargado del Instituto de Migración, y el secretario de Relaciones Exteriores, chocaron a cuenta del reparto de responsabilidades. Ambos aspiran a suceder a López Obrador y el primero, Adán Augusto López, se desvinculó en una entrevista diciendo que el asunto le incumbe al canciller Marcelo Ebrard. Este optó por un tuit acorde con su cargo, más diplomático, aunque sugiriendo que la disputa no estaba zanjada: “Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”. Las palabras más emotivas se escucharon en el Senado, donde el opositor Emilio Álvarez Icaza, un veterano político hoy no adscrito a ninguna bancada, exigió estar a la altura de la tragedia. “¡Eso es un crimen de Estado, carajo!”, estalló.

Las fronteras norte y sur de México son un abismo vital y burocrático para decenas de miles de personas, la mayoría de ellas a la espera de definir su situación y a menudo después de una larga y peligrosa travesía por la selva del Darién y Centroamérica. La meta siempre es cruzar a Texas, Nuevo México, Arizona o California y por eso Estados Unidos siempre ha recurrido a la política migratoria para presionar o negociar con el país vecino. Bajo el mandato de Donald Trump, esa tendencia degeneró hasta un abierto chantaje arancelario. Fue el republicano quien aplicó hace tres años, al comienzo de la pandemia, el llamado Título 42, una medida que facilita las devoluciones en caliente hoy empantanada en el Tribunal Supremo. Con estas premisas, también la Casa Blanca tuvo que pronunciarse sobre la muerte de los migrantes, entre los que había ciudadanos centroamericanos, venezolanos, ecuatorianos y un colombiano, y rechazó toda responsabilidad y ofreció ayuda para investigar. El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó aprovechó políticamente la tragedia para culpar a Nicolás Maduro. Mientras tanto, los allegados de las víctimas claman justicia.