Vive uno de los momentos más intensos desde que llegó a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración: llegadas diarias de cayucos, escasez de repatriaciones, crisis con Malta… Consuelo Rumí reconoce la dificultad para lograr que los países africanos acepten la devolución de sus emigrantes y no oculta que sólo se han podido deportar a «una parte muy pequeña» de los clandestinos desembarcados en Canarias. Sin embargo, hace una promesa firme: «Todas las personas que llegan de manera irregular a España antes o después serán expulsadas».



Miles de inmigrantes pasan por los centros de acogida y quedan en libertad a los 40 días sin ser expulsados. ¿Qué falla?

No hay fallos, hay dificultades. Estamos tratando con países con los que es muy complicado llegar a acuerdos. Hemos conseguido la colaboración de Mauritania después de meses de conversaciones desde que ese país se convirtió en punto de partida de la presión migratoria. Ahora hay patrullas conjuntas y oficiales de enlace con Mauritania.

Acuerdos sí, pero no repatriaciones…

Repatriar a los países subsaharianos es muy difícil. Queremos cerrar protocolos con Mauritania y Senegal para que acepten a sus nacionales y a cualquier irregular que parta de sus costas. En cualquier caso, la promesa del Gobierno es contundente: todas las personas que llegan de manera irregular a España antes o después serán expulsadas.

¿Cuántos de los más de 11.000 subsaharianos llegados a Canarias este primer semestre han sido deportados?

Sólo hemos podido repatriar a una muy pequeña parte, porque la mayoría son ciudadanos de Senegal, Gambia, Mali, Guinea Conakry y Camerún, países con los que no tenemos acuerdos.

¿La negativa de Malta a acoger a los inmigrantes rescatados por un barco español es una muestra de la falta de sintonía en materia de extranjería en la UE?

Malta ha actuado pensando sólo en sí misma, quizás empujada también por la fuerte presión migratoria que sufre. Pero ha cometido un grave error humanitario: no dejar desembarcar a esas personas simplemente para atenderlas y darles de comer. No se puede ser insolidario con quienes cumplen con las normas del mar como los pescadores almerienses, que han dado una lección de solidaridad al mundo.

¿Es solidaria la UE con España?

Es España la que está siendo solidaria con el resto de Europa. España está sufriendo una presión migratoria muy importante y la Unión Europea todavía tiene que interiorizar que los inmigrantes que viajan en cayucos a Canarias o asaltan las vallas de Ceuta y Melilla no se juegan la vida sólo por venir a España, sino por entrar en Europa. La UE tiene que ser más consciente de que la inmigración es una cuestión de todos los países. Lo que ocurre en un país afecta a todos.

El PP acusó esta semana al Gobierno socialista de llevar a España a la «mayor crisis migratoria».

El PP no ha hecho una sola propuesta en los dos últimos años en materia de inmigración, ni una iniciativa parlamentaria propia. El PP no quiere colaborar con el Gobierno para buscar soluciones a problemas que ellos crearon.

Los populares también sostienen que el Ejecutivo oculta que en el país hay 1,6 millones de inmigrantes irregulares.

¿Y por qué no tres millones? Esas cifras son inverosímiles. Parece mentira que el PP desprecie de esa manera el rigor. No se puede llegar a esas conclusiones comparando el padrón con las cifras de tarjetas de residencia.

Más allá de la cifra exacta, es evidente que hay un importante número de irregulares. ¿Fue un acierto regularizar a 600.000 clandestinos en 2005? ¿No creó un ‘efecto llamada’ que ahora se paga?

En todos los países europeos hay bolsas de irregularidad porque el hambre y la miseria está ahí y esas son las causas del ‘efecto llamada’. Ni las cinco regularizaciones del PP ni la normalización del Gobierno socialista han tenido ‘efecto llamada’.

Un año después, ¿cuántos inmigrantes regularizados siguen trabajando?

No tenemos ese dato. Calculamos que este año se pueden producir entre 800.000 y un millón de renovaciones de permisos de todo tipo.