«Llevo dedicada al trabajo doméstico por lo menos 25 años, la mitad de mi vida. No me han hecho ningún contrato. Nada, para mí no existen», relata Teresita, nombre ficticio con el que se oculta esta mujer que, como muchas otras, se gana la vida en la economía sumergida.

Durante estos años ha trabajado para muchas personas. «He estado en casas de forma intermitente; unas horas aquí, otras horas allá. También limpiando escaleras y dando ayuda a domicilio cuidando niños pequeños, hasta que crecen y te echan», cuenta.

Sin embargo, ninguno de sus empleadores se ha planteado siquiera la posibilidad de contratarla. «También una acepta las condiciones y no presionas al empleador por miedo a que prescinda de tus servicios», confiesa.

«Lo más duro es cuando te pones mala por la propia labor. Es un trabajo muy físico. No tienes derecho a una baja. Si no vas, no cobras. Te sientes en desamparo. Si enfermas, no tienes dinero ni derechos», recalca esta mujer que se ve obligada a mantener su anonimato por trabajar en la ilegalidad.

Además, a Teresita le angustia el futuro. «Tengo terror, pánico, de cara a la jubilación. Solo siento incertidumbre», reconoce. Por ello se está formando para trabajar con personas institucionalizadas. «En los domicilios lo que ofrecen es muy poco. Lo que pueden permitirse», señala. De hecho, afirma que la hora de trabajo se paga a entre 5 y 10 euros.

Por esta y otras razones, los trabajadores y usuarios de Cáritas Diocesana de Canarias se concentraron este jueves en la puerta de la sede de la entidad en la capital grancanaria con el objetivo de dar voz a estas mujeres que no pueden reclamar derechos laborales.

Nueva normativa
Pese a que el pasado mes de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley 16/2022 relativo a las mejoras en las condiciones de trabajo y seguridad de las personas trabajadoras del servicio del hogar, el carácter doméstico e invisible de estas tareas sigue impidiendo su aplicación.

«La legislación nueva establece que la responsabilidad del contrato laboral recae en el empresario. Al no existir herramientas para comprobar que eso se dé, como la intervención de la inspección de trabajo para constatar la existencia de un contrato en las casas donde ellas trabajan, la norma no se puede cumplir», explica Elizabeth Herrera, técnica del área del empleo de Cáritas Diocesana.

La desprotección que discrimina a las empleadas del hogar como trabajadoras es aún mayor en las migrantes, que en muchos casos se exponen a condiciones que rayan en la esclavitud cuando trabajan de internas en domicilios al cuidado de personas dependientes.

«La mayoría de las trabajadoras domésticas canarias se dedican al cuidado del hogar. Para atender a una persona mayor, en muchos hogares, se necesita la condición de interna», explica Herrera.

Exigir a las administraciones que supervisen el cumplimiento de los derechos laborales, la regulación extraordinaria de personas extranjeras dedicadas a estas tareas y la implantación de un sistema público que garantice los cuidados con unas condiciones laborales dignas son algunas de las peticiones realizadas por el personal de Cáritas coincidiendo con el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

La organización no gubernamental presta respaldo a la asociación Maresía, que reúne a 50 empleadas del hogar que comparten entre ellas en los momentos difíciles porque, recalca Herrera, «a pesar de no poder acceder a condiciones laborales dignas, son personas».