La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de México informó este miércoles que está investigando como presunto homicidio la muerte de 39 personas en un incendio en un centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, y ha acusado a los responsables de no hacer nada para evacuar a las víctimas. Se ha identificado a ocho presuntos responsables del incendio.

“Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego”, dijo en rueda de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

La titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, señaló en la misma rueda de prensa que, de momento, se ha identificado “inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos”.

Entre ellos hay dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco agentes de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes, según dijo. Señaló, además, que el Gobierno mexicano “reprueba la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil”.

Rodríguez aseguró que todos los posibles implicados en la tragedia “serán citados a rendir declaración, sean o no servidores públicos”, entre ellos el director del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño. “De ninguna manera se ocultaran los hechos, ni se protegerá a nadie. En este Gobierno se castigan los abusos y violaciones a derechos humanos”, dijo al ofrecer un informe sobre el incendio ocurrido en las instalaciones del INM, el pasado lunes por la noche.

También sostuvo que el INM se encargará del retorno de los cuerpos y movilidad migrantes y familiares, además de la atención de 27 migrantes que permanecen heridos en hospitales. Dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció contacto con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela “para coordinar la identificación y traslado” de los cuerpos a sus países de origen.

“Se realiza una investigación seria y profesional y hasta llegar a la verdad que encabeza la Fiscalía General de la República”, dijo Rodríguez, quien expresó que “hubo un delito grave” en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y cuestionó: “¿Quién no permitió la salida de estas personas?”.

El incendio ocurrió la noche del pasado lunes en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM). Según la versión del Gobierno, los migrantes prendieron fuego a los colchones en señal de protesta tras recibir la notificación de que serían deportados.

Vídeos de seguridad filtrados muestran a agentes impasibles mientras migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta, y compatriotas de las víctimas han denunciado que la tragedia “se pudo evitar”.

Las autoridades también han indicado que podrían investigar a una persona migrante sospechosa de iniciar el incendio.

La fiscal Sara Irene Herrerías, informó de que la institución ha solicitado las primeras cuatro órdenes de detención, contra un número similar de personas, por el incendio en las instalaciones migratorias.

Además, dijo que la carpeta de investigación que está integrando la FGR es por los delitos de homicidio doloso, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad y lesiones.

Este miércoles, el Gobierno del estado de Chihuahua subió a 39 la cifra de migrantes fallecidos, después de que el Ejecutivo federal rebajara la cifra a 38 en la noche del martes. A pesar de la cifra, no se aclaró la identidad y procedencia de esta persona fallecida, o si se trataba de uno de los migrantes que se encontraban heridos.

El Gobierno mexicano ha variado en cinco ocasiones la cifra de fallecidos: la noche de los hechos se contabilizaron 37; el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa diaria del martes, la subió a 39; a lo largo del día, la Secretaría de Gobernación la incrementó a 40, para después rebajar la cifra hasta 38.

López Obrador aseguró este miércoles que su Gobierno “no oculta nada” sobre el incidente en la estación migratoria, en la que en ese momento se encontraban detenidos casi 70 migrantes de países como Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador.

La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen de manera irregular bajo la política denominada Título 42.

El Gobierno mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20.000 agentes de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias.

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para migrantes en México, pues cerca de 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.