La nueva RGI ya está en funcionamiento. La reforma de la ley, que amplía las cuantías hasta los 1.680 euros y rebaja de los 23 a los 18 años la edad de acceso a la prestación, fue aprobada ayer. Será, sin embargo, a partir de la mensualidad de abril cuando los beneficiarios perciban ese incremento económico, según fuentes del departamento vasco de Trabajo y Empleo. El objetivo de esta nueva ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión que fue aprobada por el Parlamento Vasco es, según la consejera Idoia Mendia, «proteger mejor a todos aquellos colectivos que, a lo largo de los años, habíamos ido viendo que se quedaban fuera y que realmente tenían una necesidad». Para ello, entre otras cosas, será indefinida, si bien se realizará una revisión trimestral de todos los expedientes.

Antes de junio, aseguran las fuentes consultadas, se habrá procedido ya a una primera verificación de la documentación «para evitar indebidos», entre otras cosas. La nueva norma ya está en funcionamiento y, además de revisar los expedientes, el departamento que dirige Mendia también va a analizar las unidades convivenciales. «La nueva ley dice que estas serán formadas por familiares de hasta segundo grado de consanguinidad. A quienes estén fuera les va a llegar una misiva en los próximos días explicándoles que pueden constituir una nueva unidad». Se calcula que esta nueva medida afectará aproximadamente a cerca de trescientas personas. ¿Pero cuáles son los principales cambios que ha traído esta norma, que afecta a 50.107 vascos y 11.926 guipuzcoanos?

Cuantías más altas. Entre las principales mejoras está el incremento de los importes para todos los perceptores. Además de la renta mediana del Estado, ahora también se tomará como referencia para la actualización anual de los importes la encuesta de desigualdades vasca. Cada año, se revisarán ambos indicadores y se seleccionará el que más beneficie a los perceptores de la ayuda. Se parte de una cuantía de 800,13 euros mensuales para familias con un solo miembro, que hasta ahora recibían 727,41 euros, un incremento impulsado en parte por la actualización del 8,5% en el IMV. El máximo son 1.680 euros para una familia monoparental con cuatro hijos o más.

Se protege a los jóvenes. Las personas de 18 años pueden acceder a esta prestación desde ayer, siempre que se cumplan determinados requisitos como disponer de ingresos insuficientes y encontrarse en situación de vulnerabilidad, acreditar de manera fiable que el beneficiario lleva un proyecto de vida independiente al margen de sus padres o tutores desde al menos un año, y estar activo laboralmente o inscrito en Lanbide. Hasta ahora los menores de 23 años solo podían percibir la ayuda en casos excepcionales.

Indefinida en el tiempo. La nueva RGI será indefinida. Podrá cobrarse de forma ilimitada, pero para evitar fraudes se incorporan sucesivas capas de control. De este modo, se crea una unidad de inspección. Además, se elaborará anualmente un plan de asistencia, inspección y control. La prestación, en cualquier caso, se percibe al mes siguiente de la solicitud, siempre que se realice una declaración responsable.

Multas y sanciones. La nueva RGI endurece las sanciones y las multas en caso de infracciones. Para las leves, se establece una multa igual a la cuantía indebidamente percibida. Para las graves y muy graves, por su parte, se sanciona con la extinción de la prestación y la imposibilidad de acceder de nuevo a la RGI por un tiempo que oscila entre un año y seis meses y cinco años. Si la persona infractora no es titular o beneficiara de la RGI, se prevén sanciones de multa.

Reducción del empadronamiento. Se facilita el acceso de familias con menores, personas con discapacidad o dependencia, disminuyendo el requisito de empadronamiento de 3 años a 1 solo. A las víctimas de violencia machista y doméstica, víctimas de trata y explotación sexual y personas reconocidas como refugiadas, o que formen parte de acuerdos de reubicación de la Unión Europea, les bastará con estar empadronadas sin necesidad de antigüedad. También se facilita el acceso a víctimas del terrorismo, y se les exime del requisito de empadronamiento previo. Por último, se elimina el requisito de hacer valer derechos económicos de carácter privado.