Empradonaba de forma ficticia en su domicilio de Arrasate a decenas de inmigrantes para que cobraran la RGI a cambio de una compensación económica de hasta 300 euros por persona. Parecía el negocio perfecto hasta que al intento número 89 la Policía Nacional sospechó del caso y descubrió que detrás del mismo había un septuagenario realizando estos empadronamientos ficticios. La operación ha concluido con siete personas detenidas en San Sebastián por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda pública y la Seguridad Social y con una multa al anciano de más de 156.000 euros.

Según ha informado la Policía Nacional, la operación se inició cuando los investigadores de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de San Sebastián tuvieron conocimiento de que un vecino de Arrasate-Mondragón estaba empadronando fraudulentamente a un gran número de ciudadanos a cambio de una compensación económica.

Tras las pesquisas iniciales, se logró determinar que este hombre era un septuagenario que había empadronado en su domicilio a 89 personas, en su mayoría extranjeros.

Asimismo, y con el fin de determinar las posibles motivaciones ilícitas de los empadronamientos, los agentes continuaron con las pesquisas, para lo que fue precisa la colaboración de 19 Brigadas de Extranjería y Fronteras de diferentes provincias, averiguando que 38 de estos ciudadanos, pese a haberse empadronado como residentes en la vivienda investigada, nunca habían llegado a residir en ella y una veintena habían pagado a su titular entre 50 y 300 euros por este trámite.

Hasta 29.000 euros en ayudas
Tras las pesquisas, se procedió a la detención de siete personas que habían sido inscritas fraudulentamente en el padrón de Arrasate y se estableció que tres de ellas se habían valido de estos certificados de inscripción para solicitar prestaciones económicas en el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), consiguiendo una de ellas percibir 29.459 euros de manera indebida.

Igualmente, los investigadores también pudieron averiguar que el resto de los arrestados habían intentado obtener permisos de residencia en España o prestaciones sanitarias de carácter especial, ya que residían en campamentos del Sahara o en Francia y se desplazaban hasta Euskadi cuando precisaban asistencia médica.

Por ello, contra el titular del domicilio se incoaron dos expedientes administrativos por infracción a la Ley de Extranjería que se saldaron con la imposición por parte de la Subdelegación del Gobierno de Gipuzkoa de sendas sanciones económicas que sumaron 156.027 euros. Iniciándose otros siete expedientes sancionadores contra ciudadanos que no residían en la vivienda y por lo que se enfrentan a sanciones de 1.503 euros.