Hasta la semana pasada, la frontera de Melilla podía cruzarse de manera irregular y sin sobresaltos en coche por unos miles de euros gracias a la vista gorda que supuestamente hacían agentes a un lado y otro del límite territorial entre España y Marruecos. El negocio, de momento, se ha terminado gracias a una operación de la Guardia Civil que acaba de desmantelar una trama que facilitaba la entrada irregular de marroquíes a la ciudad autónoma.

La red cobraba entre 7.000 y 10.000 euros a los inmigrantes que quisiesen entrar en Melilla. Parte de ese dinero se destinaba al soborno de policías de ambos países que actuaban en los puntos de control del paso fronterizo de Beni Enzar, según confirman fuentes del instituto armado. De hecho, entre los dos detenidos en el lado español, hay un agente de la escala básica de la Policía Nacional destinado en la frontera que, presuntamente, aprovechaba cuando estaba de servicio en el control fronterizo para autorizar el paso de personas que no tenían documentación.

El segundo detenido en España es un ciudadano marroquí con permiso de residencia que ejercía supuestamente de intermediario. Este era el que mediaba con los agentes marroquíes, el que reclutaba en Marruecos a los inmigrantes interesados y el que, incluso, trasladaba a los clientes en su propio vehículo de un país a otro. Al otro lado de la valla, las autoridades marroquíes han detenido a dos agentes de sus cuerpos de seguridad también por su presunta implicación en la trama, confirman las fuentes conocedoras de la operación.

La investigación, en manos de la Comandancia de Melilla y el Servicio de Información del instituto armado, sigue abierta y no se descartan más arrestos. La Guardia Civil aún tiene que analizar el contenido de los teléfonos móviles y dispositivos de memoria que se incautaron en los dos registros domiciliarios efectuados. Los dos detenidos en España están acusados de pertenencia a organización criminal, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según fuentes de la Guardia Civil. La juez que instruye la causa ordenó el ingreso en prisión provisional del policía eludible con el pago de una fianza de 30.000 euros, que el agente ha hecho efectiva.

Según las pesquisas, la trama empezó a operar en agosto del año pasado aprovechando que la frontera se había reabierto en mayo después de más de dos años cerrada por la pandemia. Las normas de tránsito tras la apertura, sin embargo, eran mucho más estrictas y miles de vecinos marroquíes, que antes podían entrar y salir de las ciudades autónomas mostrando simplemente su documento de identidad, necesitaban ahora un visado para cruzar la frontera. Esas nuevas restricciones abrieron una oportunidad de negocio y el grupo que se investiga supuestamente comenzó a cobrar a los marroquíes que querían entrar en Melilla y no podían. Los inmigrantes cruzaban la frontera en un coche conducido por uno de los integrantes de la red, con el beneplácito de los agentes sobornados. La investigación se centra ahora en demostrar si, además de la entrada irregular de personas en España, los integrantes de la trama participaban en otras actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la prostitución.