El drama de quienes tienen que dejar todo atrás y huir a causa de las guerras, las violaciones de derechos humanos o el cambio climático han marcado la carrera de tres décadas de la estadounidense Kelly T. Clements. En el Departamento de Estado de su país primero, y, desde 2015, como número dos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Clements ha trabajado en cuestiones relacionadas con el desplazamiento forzoso de población. Una lacra que en 2022 superó lo que para la agencia de la ONU es “un hito dramático”: la cifra de 103 millones de personas. Clements habló con EL PAÍS este miércoles en Madrid, después de reunirse con la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau. Destaca el “compromiso” del Gobierno, pero también la “extrema generosidad de los españoles con los desarraigados”. En 2022, los donantes privados españoles fueron el octavo contribuyente mundial a esta agencia, con casi 134 millones de dólares (126 millones de euros), muy por delante del Estado, que aportó 31,6 millones de dólares (29 millones de euros).

Pregunta. ¿Cuál ha sido el resultado de sus reuniones con el Gobierno español?

Respuesta. Un compromiso de apoyo continuo y reforzado por parte de España, que necesitamos desesperadamente. Tenemos un presupuesto que se acerca a los 11.000 millones de dólares (10.370 millones de euros) y, el año pasado, por desgracia, la comunidad internacional solo aportó el 55% de esa cantidad. Cada año recibimos más apoyo financiero, político y moral que el anterior, pero las necesidades aumentan más rápido de lo que podemos satisfacerlas. En la última década, se ha duplicado el número de desplazados forzosos hasta los 103 millones, alrededor del 1% de la población mundial. Debido a tantas necesidades, a la falta de soluciones políticas, a la creciente complejidad del desplazamiento —factores climáticos, pobreza y desigualdad, persecuciones, guerras y conflictos—, mucha más gente no está segura en sus hogares.

P. ACNUR defiende un fuerte enfoque de género en su atención a estas personas desplazadas, ¿cuáles son sus ventajas?

R. Sin mujeres en la mesa, no se pueden encontrar soluciones. La mayoría de las personas a las que atendemos son mujeres y niños. Son ellas quienes se ocupan de las familias, cuidan de los niños, les dan de comer y quienes intentan que sus hijos reciban una educación, por lo que tienen mucho que decir en cómo se cría a una generación. Además, las desigualdades de género están en la raíz de algunos de los peores efectos de las guerras. Cuando una población se desplaza, la violencia de género aumenta durante el trayecto o en los lugares de asilo y esa violencia es destructiva para los individuos, las familias y las comunidades. Las mujeres deben estar en el centro de nuestra atención en todo momento.

P. En el segundo año de la guerra de Ucrania, ¿se mantiene el compromiso internacional con sus 13 millones de desplazados?

R. Sí. Ahora hay una respuesta más organizada. Existe un sistema de acogida y, por supuesto, los ucranios se benefician de la directiva de protección temporal de la Unión Europea, un sistema muy claro de apoyo por el que pueden escolarizar a sus hijos, encontrar trabajo y acceder al sistema de salud de los países de acogida. Eso es lo que ha diferenciado esta respuesta de otras.

La ‘número dos’ de ACNUR, fotografiada en la sede de la agencia de la ONU en Madrid, aboga por garantizar el derecho de todos los potenciales refugiados a pedir asilo.
La ‘número dos’ de ACNUR, fotografiada en la sede de la agencia de la ONU en Madrid, aboga por garantizar el derecho de todos los potenciales refugiados a pedir asilo.
JAIME VILLANUEVA
P. Esa directiva de protección temporal se activó por primera vez con los ucranios. ¿Existe un doble rasero entre los desplazados ucranios y los de otros orígenes?

R. La directiva existía desde hacía 15 años y acogimos con satisfacción que se activara. Obviamente, nos gustaría que ese tipo de directiva se utilizara para los refugiados de cualquier país. De eso se trata el Pacto Mundial sobre los Refugiados, cuyo principio fundamental es la inclusión. También hay que asegurarse de apoyar a la comunidad de acogida y a los refugiados cuando se desplazan. La Directiva de Protección Temporal cumple ambas funciones y podríamos verlo como un modelo en otros lugares. Y creo que lo que he oído [en las reuniones con representantes del Gobierno] de España es que les gustaría ver algo similar que se aplicara también en otras situaciones de desplazamiento forzoso.

P. ¿ACNUR ha discutido con España las muertes de 23 migrantes, incluidos potenciales demandantes de asilo, en Melilla?

R. No hemos discutido ese tema en esta ocasión, pero, cada vez más, vemos a personas que utilizan vías arriesgadas para desplazarse debido a la actividad criminal, el tráfico y otras formas de aprovecharse de personas desesperadas que sienten que carecen de otras opciones y que la comunidad internacional les ha defraudado. Estamos extremadamente preocupados por la pérdida de esas vidas. En algunos de los últimos naufragios, probablemente había solicitantes de asilo. Creemos que debería haber más opciones en términos de búsqueda y rescate, pero también un reparto equitativo entre países en el que ni España ni otros Estados de primera línea sean los que acojan a todos los solicitantes de asilo que llegan a su territorio. Es una de las razones por las que apoyamos los principios que se consagrarían en el nuevo pacto de la UE sobre migración y asilo. Si hay reparto de responsabilidades, podría haber un sistema ordenado que permitiera a las personas expresar las razones por las que necesitan asilo.

P. ¿Hay progresos en el establecimiento de rutas seguras para los solicitantes de asilo?

R. Esas vías seguras y legales son poder acceder al territorio [de un país].

P. ¿Pero hay avances? Como usted ha mencionado, en el último naufragio en Italia, había candidatos potenciales al asilo.

R. Mi respuesta es que mire lo que está pasando en sucesos como ese.

P. La tendencia parece la contraria, con países como el Reino Unido tratando de enviar a los demandantes de asilo a Ruanda o prohibiendo que soliciten protección a quienes entren de forma irregular.

R. Esas políticas eliminan el derecho al asilo y contravienen el derecho internacional.

P. Estados Unidos también intenta externalizar a México la gestión de sus fronteras.

R. Es lo mismo. Defendemos que, en todos los casos, los solicitantes de asilo tienen derecho a pedirlo. Los movimientos humanos en América son muy complejos. Hay personas que se mueven por razones económicas y otras lo hacen por los conflictos, la violencia de las bandas, su pertenencia a grupos sociales determinados, la persecución, etc. Cada uno tiene sus razones, pero todos necesitan tener la posibilidad de ejercer su derecho a pedir asilo.

P. El 74% de los desplazados ha sido acogido por países de ingresos bajos o medio-bajos; ¿estos países son más solidarios que los más desarrollados?

R. Es cierto que la mayoría de los refugiados son acogidos en países de ingresos bajos y medios. Uganda es un ejemplo. Este país tiene una de las políticas de refugiados más progresistas del mundo. No tienen campos, permiten la libertad de movimiento y los refugiados tienen un sistema escolar nacional y pueden trabajar, pero esos países de acogida necesitan apoyo.

P. ¿Cuáles son las crisis más olvidadas?

R. ACNUR no olvida ninguna crisis. Estamos muy preocupados porque hay crisis infrafinanciadas, como la de Jordania, que alberga a refugiados sirios, pero también a palestinos e iraquíes. Otra es Bangladés, generoso anfitrión de un millón de refugiados rohinyá desde 2017. En el Cuerno de África, hay programas infrafinanciados en Etiopía, Uganda y Sudán del Sur. Y también tenemos, por supuesto, la enorme crisis y los desplazamientos causados por el clima y la sequía en Yibuti, Kenia y Etiopía. Otra operación infrafinanciada en 2022 fue Colombia, que ha proporcionado residencia y un permiso de trabajo a los venezolanos que acoge [2,9 millones].