Todavía quedan muchos flecos por determinar en la investigación sobre las presuntas irregularidades en el Centro de Internamiento de Capuchinos. Así al menos lo consideran los abogados de la defensa de las jóvenes que fueron víctima de supuestos abusos sexuales por parte de agentes de la Policía Nacional, y que han solicitado a la juez que declaren más inmigrantes que pudieron haber tenido conocimiento de los hechos.

«Hay todavía muchas personas que han podido escuchar, ver u oír lo que ocurría y que no han declarado», expuso el letrado Jesús Ureña, que defiende a cuatro de las chicas que al parecer tuvieron contactos con los agentes.

Ureña va más allá, y explica que es posible que algunas de las víctimas ya hayan sido expulsadas del país, ante lo que – dijo – «la Ley de Extranjería prevé que estas personas puedan regresar para comparecer y, en su caso, denunciar los hechos».

El abogado pidió que se dé el mismo trato a las seis denunciantes – dos de las cuáles han abandonado el centro, mientras que las otras cuatro permanecen recluidas – y recordó que esta semana se conocerá la decisión del tribunal respecto a la petición de libertad para los policías que están en prisión provisional, decisión a la que la defensa se opone por la gravedad de los hechos.

Prueba suficiente

En este sentido, se refirió a la existencia de fotos captadas con móviles y en las que puede verse a policías cenando acompañados de chicas inmigrantes. Algo que, a juicio de Ureña, es una prueba suficiente, a pesar de que en éstas sólo se ve a los agentes cenando en compañía de algunas internas. «En circunstancias en que las denunciantes no tenían acceso normal a los teléfonos es imposible que haya fotografías más explícitas», explicó.

Las inmigrantes internas en el centro de extranjeros de Capuchinos, en la capital, que no accedían a los presuntos encuentros con policías eran «amenazadas e insultadas». Así se desprende del auto de prisión de los acusados, al que tuvieron acceso ayer El País y El Mundo. Este documento revela las vejaciones de que eran objeto algunas de las residentes. Según el relato de los hechos, las internas que no se prestaban a estos contactos eran objeto de comentarios despectivos y amenazas. Según el relato de varios testigos, «los agentes les intimidaban con las defensas si se asomaban a las ventanas».

Un testigo protegido señaló que uno de los policías todavía encarcelados golpeaba objetos cuando pasaba junto a las inmigrantes que no habían accedido a mantener relaciones con él.

De la misma forma, el auto pone de relieve que las chicas que sí participaban en las supuestas fiestas recibían a cambio regalos y atenciones especiales, como frascos de colonia y maquillaje.

Ante la «distracción» durante la noche de algunos agentes, las diligencias policiales detallan que un grupo de inmigrantes, todos hombres, intentó fugarse del centro de internamiento durante la madrugada el 13 de julio, aunque el conato fue abortado al percatarse varios vigilantes.

Mientras, desde el Sindicato Unificado de Policía (Sup) se solicitó pruebas tales como análisis de la ropa de las denunciantes y recalcaron que, al margen de los testimonios, «la única prueba son unas fotos en las que no se ve nada».