La migración en tránsito en Irun es desde hace tiempo «una realidad estructural que requiere de respuestas estructurales» como el recurso de Hilanderas, que durante el año pasado asistió a 6.253 personas en su última parada antes de cruzar a Iparralde y seguir su camino hacia el norte, según ha confirmado esta mañana Nerea Melgosa. Un mes después de relevar en el cargo a Beatriz Artolazabal, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha visitado esta instalación, que «seguiremos necesitando» «mientras Europa no recupere su espíritu humanitario con la creación de corredores seguros».

Cabe entender esta afirmación a una velada alusión a la vigilancia que Francia ejerce sobre la migración, antes en los puentes fronterizos y ahora en estaciones de tren y autobús y otros puntos estratégicos de Hendaia, Biriatu o Baiona, dado que Melgosa también ha tenido unas palabras de recuerdo a el senegalés Ibrahim Diallo y el guineano Abderraman Bas, los dos jóvenes que el año pasado perdieron la vida cuando trataban de atravesar el río Bidasoa. Un año antes otros siete murieron en la muga. «Europa debe entender», ha insistido la consejera, que «es necesaria» una política migratoria «humana» y «común» para «salvar vidas» y evitar «tragedias en el Mediterráneo y tragedias en el Bidasoa»,

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Acompañada de Aitor Allende, coordinador de Cruz Roja Euskadi y de Xabier Legarreta, director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, han presentado el balance migratorio de 2022, cuando atendieron en Hilanderas a 6.253 personas en tránsito, un 20% menos que la cifra récord de 8.115 asistidas un año antes. Un 78% eran hombres, un 17% eran mujeres (1.063), de las cuales casi la mitad viajaba con hijos menores de edad, que representaron un 5%. La edad media se sitúa en los 24 años en el caso de hombres, 27 en el de las mujeres, 4 en los niños y 5 en las niñas. «No quiero ni puedo imaginar el sufrimiento de estas mujeres en su viaje. Una travesía dura, cruel y violenta para todas las personas, pero especialmente para las mujeres. Y más aún para las mujeres con menores», ha reflexionado Melgosa.

En cuanto a la procedencia, Guinea Conakri (37%) y Costa de Marfil (25%) representan las nacionalidades más frecuentes, suponiendo el 62% de las personas que usan el recurso. Les siguen Sudán (9%), Mali (8%) y Senegal (5%).

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Los flujos migratorios suelen responder a una lógica que a menudo resulta inexplicable. Es lo que sucede ante el hecho de que durante el primer trimestre de 2022 llegó a Irun una media mensual de 850 personas, por encima de los datos del año anterior en ese mismo periodo. Sin embargo, en los meses siguientes, la asistencia se redujo a la mitad, con un promedio ligeramente superior a las 400. «Unas 12 o 15 todos los días», venían apuntando los voluntarios de Irungo Harrera Sarea.

Hilanderas II, para Ucrania
El hecho de que en ningún momento del año se superaran el centenar de llegadas, hizo que no fuera necesario abrir la nueva instalación que el Gobierno Vasco inauguró el año pasado, «ante la imposibilidad de utilizar el albergue municipal (de peregrinos) del Camino de Santiago». Conocido como Hilanderas II, este recurso solo fue habilitado de manera «excepcional» para acoger en tránsito a personas refugiadas que huían de la guerra en Ucrania y deseaban desplazarse a otras «comunidades autónomas del Mediterráneo».

La consejera del Gobierno Vasco también ha anunciado que la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, presidida por el lehendakari, Iñigo Urkullu, solicitará por carta «su participación directa en la Comisión de Cooperación Fronteriza prevista en el Tratado de Reconciliación y Cooperación entre España y Francia». El resto de comunidades integrantes de la Comisión del Arco Atlántico también realizará «realizar la misma solicitud».

Al término de su visita a Hilanderas, Melgosa ha presidido la reunión anual de la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Atención Urgente a Personas Migrantes en Tránsito, que se ha celebrado en Gordailua de Irun. En ella han participado representantes representantes del Gobierno Vasco, la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos de Irun y Hondarribia, y diferentes entidades del tercer sector especializadas en la atención a colectivos desfavorecidos de ambos lados del Bidasoa.