La Junta de Andalucía ha abonado menos de la mitad de las ayudas destinadas a personas procedentes de Ucrania y desplazadas forzosamente en Andalucía que no tienen recursos económicos. Hasta el pasado 24 de febrero, cuando se cumplió un año de la agresión de Rusia y el inicio de la guerra en Ucrania, Andalucía había abonado 2,3 de los 6,1 millones previstos, algo menos del 38%. Este dinero, que debía llegar a los refugiados de forma ágil, procede de fondos europeos y fue transferido el pasado octubre por el Gobierno central a la administración autonómica, que a su vez encomendó la gestión a Cruz Roja. Son 400 euros por adulto y 100 por niño, destinados a los gastos básicos de manutención.

Diario clandestino de una adolescente ucraniana durante la ocupación rusa de Jersón
Diario clandestino de una adolescente ucraniana durante la ocupación rusa de Jersón

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En Andalucía se habían concedido 24.002 solicitudes de protección temporal hasta el pasado 22 de febrero, lo que supone algo más del 14% de las 168.000 tramitadas en toda España. Sin embargo, el propio Ministerio del Interior aclara que no se sabe cuántas de estas personas siguen en el país, pues muchas han ido regresando a Ucrania en los últimos meses.

La Junta de Andalucía no es la única administración retrasada en el abono de las ayudas. Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalucía y Madrid son, por este orden, las comunidades en las que más solicitudes de protección temporal se han tramitado, y de ellas solo la andaluza ha abonado algunas ayudas, aunque sea parcialmente y con retraso.

Una respuesta “ágil, urgente y flexible” enredada en la burocracia
El Gobierno aprobó la prestación de una ayuda económica directa el 1 de agosto, cuando ya había en España más de 130.000 refugiados que huían de la guerra. Se trataba, según el Decreto de aprobación, de dar una respuesta “ágil, urgente y flexible” que garantizase que las personas desplazadas podían cubrir sus necesidades materiales básicas. La fórmula elegida fue que el Estado subvencionase a las comunidades autónomas, que serían las encargadas de entregar las ayudas a los desplazados. El Gobierno realizó la transferencia de los fondos a las comunidades autónomas a finales de octubre, por un total de 52,8 millones de euros, pero la respuesta supuestamente ágil ha quedado enredada en la burocracia.

Desde entonces, la Junta de Andalucía dispone de los 6,1 millones que le corresponden en función del número de refugiados en el territorio. Pero hasta el 3 de febrero, pasados otros tres meses, Andalucía no suscribió el convenio con Cruz Roja, encargada de su gestión. Tres días después, abrió el plazo para que las personas desplazadas de Ucrania, muchas de ellas mujeres con niños, pudieran solicitar las ayudas. El 63% de las personas que han obtenido esta protección temporal son mujeres y el 33% tiene menos de 18 años.

La Junta de Andalucía transfirió a Cruz Roja 4,3 millones de euros (el 70% del total) el mismo día de la firma del convenio, comprometiéndose a abonar el resto cuando se justifique el abono de la primera entrega, entre el 7 y el 20 de marzo. Fuentes de la Consejería de Inclusión Social detallan que ya se han desembolsado unos 2,3 millones de euros, de los que se han beneficiado 1.263 ucranianos adultos y menores. Cada adulto recibe 400 euros al mes y 100 euros por cada menor a su cargo, siempre que se cumplan los requisitos de la norma: que haya obtenido el estatuto de protección temporal (algo casi automático), que esté empadronado, que acredite “carencia de medios económicos” y que no esté haciendo uso de algún recurso de acogida.

“No hay tiempo que perder”
La ayuda está destinada a sufragar los gastos mínimos de estas personas, que deben carecer de “medios económicos suficientes” para optar a ellas. Está previsto que se abone con periodicidad mensual, con la posibilidad de solicitarla retroactivamente hasta agosto de 2022 y con una duración máxima de seis meses. Sin embargo, la lentitud en su concreción provoca una paradoja: quien la obtenga a partir de febrero con efecto retroactivo cobrará los seis meses transcurridos desde agosto y agotará la prestación.

Ante las dificultades de obtener una ayuda y de acceder al sistema de acogida y al mercado laboral, muchos han acabado tirando de la hospitalidad de familiares y amigos que ya estaban en España para alojarse y mantenerse durante estos meses.

“Mediante esta ayuda se busca dar cobertura a las necesidades básicas y en condiciones de dignidad de las familias ucranianas más vulnerables”, dice la Junta de Andalucía. “No hay tiempo que perder, porque estas personas necesitan ayuda y de manera urgente porque bastante tienen con lo que están sufriendo”, dijo la consejera Loles López el pasado 21 de febrero.

Ayudas a entidades locales
En los últimos meses, algunas comunidades autónomas han explicado que estaban teniendo problemas para justificar el uso de la subvención ante las intervenciones de su administración. Este sería el caso de la Comunidad Valenciana, que alegó “problemas burocráticos”. La lentitud en canalizar las ayudas hasta los destinatarios finales ha provocado la intervención del Defensor del Pueblo, que ha pedido explicaciones al Ministerio después de recibir múltiples quejas de algunos de ellos, según informó El País.

Para la gestión de estos fondos, el decreto del Gobierno de España fija un 10% de la cuantía asignada, tanto si se acomete con medios propios como si la gestión se canaliza a través de una entidad social. En Andalucía, la Junta eligió gestionar la ayuda a través de Cruz Roja y no de forma directa.

“Se abrió plazo de 15 días para que cualquier entidad se pudiera presentar y solo se presentó Cruz Roja”, explican fuentes de la Consejería, que resaltan la experiencia de Cruz Roja en gestionar la atención a personas desplazadas. El motivo que se esgrime para externalizar la gestión es que las personas beneficiarias necesitan una atención más personalizada para comprender el “alcance de la ayuda y las obligaciones contraídas”. Necesitan, por ejemplo, traducción y acompañamiento. Cruz Roja también gestiona las ayudas en Aragón.

La Junta de Andalucía también ha destinado 1,1 millones de euros a 17 ayuntamientos andaluces y a la Diputación de Málaga para sufragar los gastos que les ha supuesto la atención a 20.654 refugiados, principalmente derivados del refuerzo de los servicios de información y orientación, la prestación de servicios de alojamiento y manutención, de servicios de conciliación o de aprendizaje del idioma. El 94% de las personas atendidas por las entidades locales se concentra en la provincia de Málaga. La Diputación recibirá más de 319.407 euros y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga accederá a 268.950 euros.