La avalancha de cayucos de los últimos meses ha forzado al Gobierno a
aprobar un Plan Integral de Seguridad para Canarias, más de la mitad de
cuyas medidas están encaminadas a luchar contra la inmigración ilegal.
   Según el proyecto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, el primer
objetivo es mejorar y reforzar el control y la vigilancia de las costas,
para lo que se ampliará el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE)
a todo el archipiélago, se adquirirán dos nuevas embarcaciones para el
Servicio Marítimo y se ampliarán los efectivos de este órgano en Las
Palmas, con ochenta hombres más, a los que se sumarán otros cincuenta
dedicados a la vigilancia terrestre.
   El Servicio de Salvamento
Marítimo también verá incrementada notablemente su capacidad con una
inversión de 71.000 euros, que servirán para duplicar sus medios técnicos
y materiales en barcos, buques, aviones, helicópteros y equipamiento
electrónico. Su dotación de personal también se verá incrementada en 110
hombres. Además, se mejorarán los protocolos de actuación conjunta con el
Ministerio de Defensa, la Guardia Civil y la comunidad autónoma.
   La atención a los inmigrantes llegados a las costas canarias será, a su
vez, mejorada con varias actuaciones. La primera de ellas será garantizar,
mediante una dotación anual de 15 millones de euros, las repatriaciones de
los «sin papeles» a sus países de origen, así como el progama de
desplazamientos a la península.
   En cuanto al programa de
asistencia a pie de playa, el presupuesto de 3,5 millones de euros con el
que la Cruz Roja ha contado para este ejercicio será mejorado, aunque
Moncloa no ha informado de la cuantía final de la subida, informa R. L.
Vargas.
   Además, el Ejecutivo ofertará al Gobierno de Canarias la
construcción de un centro de acogida y un centro de menores. En Lanzarote
se construirá un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y se
realizarán obras de ampliación y reforma en el de Fuerteventura.