La necesidad de la figura del mediador comenzó a gestarse en torno al año
2002, cuando el cambio de la «fisionomía» étnica de determinados barrios
estaba en plena ebullición y los rifirrafes entre antiguos y nuevos
vecinos comenzó preocupar a las autoridades municipales. Fue así como
surgió un primer proyecto piloto, con la pretensión de que en la
integración de la población inmigrante participaran también los residentes
autóctonos. Tenerles en cuenta en algo que les afectaba directamente era
uno de los objetivos primordiales. En marzo de 2004, la teniente de
alcalde y concejala de Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento,
Ana Botella, firmó un convenio en este sentido con Prisciliano Castro,
anterior presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos
(Fravm). Salían así a la calle los primeros «mediadores vecinales
interculturales».