La publicación el pasado jueves en el BOE por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuyo titular es José Luis Escrivá, del concurso de licitación de las obras para la rehabilitación del edificio de la antigua clínica Arana de Gasteiz para la construcción de un macrocentro para refugiados es una decisión unilateral del Gobierno español, tomada con escasa información y nulo diálogo con las instituciones vascas, que se habían mostrado contrarias al proyecto pero abiertas al diálogo y al acuerdo. La toma de decisiones de manera unilateral, impositiva y –en general– con carácter recentralizador es una constante en los Gobiernos españoles de distinto signo. También en el de Pedro Sánchez, pese a que PNV y EH Bildu forman parte del bloque que proporciona apoyo estable al Ejecutivo y los socialistas vascos son socios de gobierno con los jeltzales en las principales instituciones de Euskadi. La entrevista el viernes de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, con el lehendakari Urkullu ha supuesto una distensión en las relaciones, tras el logro de acuerdos y compromisos en la decisión y gestión de los fondos europeos, los proyectos del corredor de hidrógeno o la aplicación del Concierto Económico en los fondos con competencia vasca, entre otros. Esta fórmula del diálogo y el acuerdo con compromisos a cumplir es la manera responsable de actuar. Resulta inaceptable que un Ministerio –como es el caso del de Escrivá de manera recurrente– imponga sus criterios sin consenso alguno, como ha sucedido con el macrocentro de refugiados, que no responde al modelo vasco de acogida y no cuenta con el apoyo ni de las instituciones, los partidos ni de los agentes y ONG que trabajan en este área. Tampoco la respuesta del PSE a la demanda de información del alcalde, Gorka Urtaran, sobre la iniciativa en su ciudad ha sido la adecuada, al limitarse a poner los recursos de una concejalía socialista a disposición del delegado del Gobierno para saltarse la representación política de la ciudadanía gasteiztarra y suplantarla con una comunicación limitada a un número ínfimo de vecinos. Es necesario reconducir estas discrepancias y redefinir el proyecto mediante el diálogo bajo los parámetros fijados en el modelo vasco que garantice el derecho de acogida y protección integrales de los refugiados.