Un total de 49.442 personas recibían la Renta de Garantía de Ingresos al cierre de enero, 29 más que el mes anterior, con lo que se encadenan ocho meses consecutivos por debajo de los 50.000. La cifra es similar a la del primer año de reconocerse este derecho en 2009, según informaron ayer fuentes del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco.

Los datos del Ingreso Mínimo Vital –que gestiona Lanbide desde su incorporación a la ventanilla única creada desde que Euskadi asumió esa transferencia el año pasado– muestran que en enero había 19.752 beneficiarios –42 menos que en diciembre–. De ellos, 9.789 lo complementan con la RGI.

Lanbide invirtió el pasado año 467 millones en ayudas, que beneficiaron a más de 145.730 personas. La prestación con mayor número de perceptores fue la renta básica autonómica, de la que el Ejecutivo se ocupa desde hace más de una década tras ser transferida por las diputaciones. En diciembre la recibieron 49.413 personas, 3.310 menos que en el mismo periodo del 2021.

La cifra se mantiene por debajo del listón de los 50.0000 beneficiarios desde hace ocho meses, una consecuencia de la mejora en la economía y el empleo. El número de preceptores de esta ayuda alcanzó cifras récord en mayo de 2015, cuando se ingresó en la cuenta corriente de 66.373 personas por el efecto de la crisis económica.

El 60% de los beneficiarios de la RGI están desempleo o no pueden trabajar, y el 40% la reciben para compensar ingresos exiguos por trabajos precarios o pensiones. En general, la RGI está más extendida porque las cuantías son superiores y las exigencias, más laxas. Por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital está dirigido a personas de entre 23 y 65 años y requiere acreditar un año de residencia en España. Se otorga además en función de los ingresos obtenidos en el año previo a la solicitud, mientras que la RGI tiene en cuenta los de los dos meses previos y requiere tres años de residencia en Euskadi.

Un 20%más
Este pasado enero ha subido la RGI un 8,5% hasta alcanzar los 789 euros para una sola persona –la nueva ley que entra en vigor en abril elevará esa cantidad hasta los 800–. Con la subida de enero, la ayuda destinada a pensionistas con el fin de hacer frente a la inflación alcanza los 934 euros –en abril, 1.013–. Lanbide prevé incrementar en un 20% el importe destinado a ayudas sociales este año hasta que las cuatro prestaciones alcancen los 565 millones –RGI, prestación complementaria de vivienda, Íngreso Mínimo Vital y la aportación de hasta 100 euros al mes para familias con hijos que cumplan determinados requisitos–. Además de la actualización de los importes que ya ha entrado en vigor, en abril se pondrá en marcha una reforma de la RGI que pretende extender esta prestación a más personas a las que ahora no puede llegar. Permitirá bajar la edad mínima para solicitarla de los 23 a los 18 años en determinados supuestos, como que el joven lleve un año emancipado y en búsqueda de empleo. Los refugiados, los solicitantes de asilo y las víctimas de violencia machista y explotación sexual no tendrán que demostrar tres años de residencia efectiva en Euskadi para solicitarla.

La ayuda para la infancia (API) se introdujo para mejorar la Ley del Ingreso Mínimo Vital para luchar contra la pobreza infantil. Las familias que cumplan los requisitos, –ingresos de hasta 28.318 euros al año para dos adultos y un menor en 2022, entre otros–, sean o no perceptoras del IMV, pueden acceder a 100 euros mensuales para los menores de tres años, a 70 para los de entre tres y seis años y a 50 para los que tengan hasta 18 años.

Lanbide comenzó a transferir esta ayuda el pasado mes de junio y lo perciben ya 8.488 familias vascas, de las cuales 646 no cumplen los requisitos para cobrar el IMV pero sí que tienen derecho a esta ayuda. En total, Euskadi ha invertido 6,04 millones en este concepto.