Estas últimas semanas hemos asistido a un encontronazo entre el PNV y el PSE, los socios de gobierno en Euskadi, por el centro de acogida y atención a personas refugiadas de Vitoria-Gasteiz que se quiere abrir en la antigua residencia Arana. Finalmente parece que ha habido un entendimiento, apretón de manos, acuerdo final y asunto cerrado. La ciudadanía y el resto de partidos políticos parece que tan solo tenemos que mirar el espectáculo y esperar al acuerdo que se da en los despachos. Para Podemos Euskadi eso no es hacer política, ni mucho menos hacer gobernanza. Las aristas que tiene este asunto son diversas y queremos señalar algunas de ellas.

Lo primero es que, desde hace años, ha habido propuestas vecinales que han solicitado que este edificio se convirtiera en una residencia para personas mayores, una tras otra han sido rechazadas aduciendo las malas condiciones del inmueble. No se escuchó al tejido social en su momento cuando se cerró la residencia y tampoco se le ha escuchado ahora, a pesar de que es precisamente Euskadi uno de los territorios en los que con más fuerza han arraigado movimientos sociales de apoyo a personas migrantes y refugiadas.

Por otra parte, existe un real decreto, el 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento que regula el sistema de acogida en materia de protección internacional. Su artículo 29 dice que los centros de acogida de protección internacional deben proporcionar «un itinerario individualizado» y afirma que se deben crear «instrumentos de colaboración orientados a favorecer la interacción social con la comunidad de acogida». Así pues, trato individualizado e interacción con la comunidad de acogida son dos de las claves y un macro centro de 350 plazas no garantiza ninguna de las dos cosas, y tampoco sabemos cómo se han resuelto ambas en el entendimiento PNV-PSE. O simplemente, en su modelo de gobernanza, ni las personas refugiadas ni la comunidad de acogida tienen nada que aportar.

Y es que la concentración de plazas es la clave. No existe ningún problema con el número de plazas, 350, incluso consideramos que una sociedad como la vasca tiene capacidad para aumentar el número de personas acogidas en mayor proporción, pero en ningún caso debe ser en macrocentros que dificultan la creación de itinerarios de intervención individualizados, pervierten el concepto de ‘acogida’ para convertirlo en la mera gestión de plazas de alojamiento y dificultan la creación de redes de apoyo.

Todo ello bien se sabe desde hace décadas en el mundo de la intervención social. Las grandes instituciones tuvieron su apogeo durante el siglo XIX y parte del XX, en forma de enormes centros psiquiátricos, casas de la misericordia, geriátricos… Que adquirieron la forma de lo que el sociólogo Erving Goffman denominó «institución total» para designar un lugar de residencia o trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente. El paso del tiempo fue mostrando los enormes efectos negativos que dichas instituciones tenían en los individuos y diferentes reformas las fueron cerrando para tender a modelos más pequeños, insertos en la comunidad. Resulta curioso que con las personas refugiadas se haya comenzado a andar en sentido inverso, y tras casi un siglo de investigaciones está claro que el motivo no es la calidad de la intervención sino el supuesto ahorro económico.

Euskadi ha sido, es y será tierra de tránsito, de salida y de acogida. Es necesario que articulemos un sistema de acogida que vaya más allá de una situación concreta de guerra como la de Siria o Ucrania, y también más allá de las personas refugiadas y afronte las migraciones desde una mirada global. Ese modelo de acogida hay que ir definiéndolo, articulando mecanismos de trabajo conjunto de los diferentes agentes sociales, Administración, partidos, organizaciones, ciudadanía. Y supone un reto de futuro que no puede ni debe ser resuelto con un entente de despachos entre partidos gobernantes.

Y tener un modelo significa tener una mirada, politizar la acción para que vaya más allá del mero asistencialismo y tenga una base en las ciencias sociales y una conexión con la acción de organizaciones y movimientos sociales.

Pilar Garrido es coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos.

Miguel Ángel Navarro es responsable del área de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Podemos Euskadi.