El colectivo El taller La Isleta «constata» que más de la mitad de las personas que llegan a su espacio son jóvenes que proceden de los centros de menores tutelados por el Gobierno canario y que, «ante la ausencia de plazas de emancipación y transición a la vida adulta, quedan en situación de calle».

De esta manera, la organización rechaza las recientes declaraciones de la directora general de Protección a la Infancia, Iratxe Serrano, sobre la situación de los jóvenes extutelados en las islas, en las que apuntaba que «cuando alcanzan la mayoría de edad, nadie los lanza a la calle».

Apuntaba además que los menores extranjeros no acompañados reciben el mismo tratamiento que cualquier joven que sale del sistema de protección.

El taller La Isleta, colectivo de apoyo a personas migrantes en Las Palmas de Gran Canaria, «condena» las palabras de Serrano e indica que negar que hay muchos jóvenes que quedan en situación de calle al cumplir los 18 años «es querer mirar a otro lado y desviar la atención de la falta de recursos para la emancipación y el incumplimiento» de las obligaciones del Gobierno con estos jóvenes.

Además, apunta que con esta actitud, la responsable de Protección a la Infancia «niega el problema y favorece un discurso promovido por la extrema derecha», que culpa y criminaliza a estas personas.

Desamparo
La mayoría, detalla el colectivo, «se encuentra en situación total desamparo», sin documentación, en situación irregular y con un sin fin de trabas burocráticas para empadronarse.

El taller de La Isleta, que presta este servicio «por inacción de las instituciones», indica que es testigo de cómo los centros, concretamente en Gran Canaria, «no tramitan los permisos de residencia y trabajo cuando todavía son menores, tal y como ordena la ley de extranjería vigente».

Insiste el colectivo en que la realidad que constatan cada día es que muchos chicos salen de los recursos y no tienen ningún tipo de trámite iniciado en Extranjería «con todo lo que eso supone para un joven en situación de calle».

Esta «inacción» por parte de los centros, considera, «los empuja a la vulnerabilidad y a la marginalidad, pues tener la residencia es en la actualidad un requisito indispensable para acceder a servicios sociales como albergues municipales, prestaciones, plazas en centros, formación, etc.».

Por ello, exige que se ponga en marcha «un verdadero plan de emancipación que dé respuesta a las necesidades reales de los jóvenes.