Parecía que las aguas bajaban ya más calmadas después de que todos los consejeros que integran el Gobierno Vasco se comprometieran a «no suscitar ninguna polémica pública» tras el enfrentamiento público, e inédito, que protagonizaron PNV y PSE a las puertas de la precampaña del 28-M. Pero el centro de acogida internacional para refugiados que el Gobierno central impulsa en Vitoria volvió a provocar este jueves un nuevo choque de trenes político.

El motivo: el paso al frente dado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez o, más concretamente, por la Secretaría de Estado de Migraciones, al publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la licitación para la redacción del proyecto constructivo y la realización de obras de rehabilitación de la antigua clínica Arana de la capital alavesa. Un proyecto que tiene previsto acoger unas instalaciones con capacidad para 350 personas que huyen de la guerra y que el PNV rechaza con rotundidad al no encajar, dicen, con el modelo vasco de acogida, que promulga un trato «individualizado» de los refugiados y huye de los «macrocentros». Y así lo volvió a poner en evidencia este jueves el partido jeltzale, que lamentó la «unilateralidad» del Gobierno central en esta materia pese al rechazo que suscita el proyecto, no solo en Sabin Etxea, sino en todos los grupos de la oposición.

El PNV, en un tono sosegado y lejos de las palabras gruesas que se emplearon cuando estalló la polémica el líder del PSE, Eneko Andueza, llegó incluso a tachar de «xenófoba» la postura adoptada por su socio de Gobierno no escondió su malestar tras conocerse la publicación. «Lamentamos profundamente que el Gobierno español haya desoído el llamamiento al diálogo institucional que lanzamos desde que se conocieran sus planes para la antigua clínica Arana de Vitoria y haya optado por la unilateralidad y el Boletín Oficial del Estado», publicó el partido en su cuenta oficial de Twitter. Pese a ello, los jeltzales sostienen que este hecho «no va a desalentar a las mujeres y a los hombres del PNV en la defensa del ‘Modelo Vasco de Acogida’» cuyo último fin, según defienden, «es proporcionar una acogida humanitaria, unas condiciones de vida dignas y una esperanza de futuro a las personas refugiadas que llegan a Euskadi». Algo que seguirán «defendiendo y promoviendo en colaboración con las asociaciones y entidades que en Euskadi están volcadas en esta tarea», por mucho que el Gobierno central siga adelante con el proyecto pese a las reticencias que despierta en el partido que lidera Andoni Ortuzar y que, sin embargo, defiende a ultranza el PSE.

«Lamentamos que el Gobierno español haya desoído el llamamiento al diálogo institucional», denuncia el partido jeltzale
Antes de la publicación en el BOE, era la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, quien apelaba al diálogo interinstitucional y consideró que, «por deferencia», el Gobierno Vasco debería «conocer los detalles» del proyecto que quiere impulsar el Gobierno.

Inauguración en 2024
La publicación del BOE llega después de que en enero se lanzara el concurso público mediante tramitación de urgencia y tras la visita de varias empresas interesadas a las instalaciones el pasado día 17. Según se detalla en el anuncio, el presupuesto del contrato es de 14,6 millones de euros que se podrá rebajar por los interesados y el plazo de ejecución de 16 meses. En concreto, 4 meses para la redacción del proyecto y un año para la ejecución de la obra. La intención es inaugurar en el año 2024 este recurso, que se construirá en diferentes fases para dar respuesta «a la mayor brevedad posible» al alto número de solicitudes de protección internacional. La empresas interesadas tienen de plazo hasta el día 8 de febrero a las 18.00 horas para presentar sus ofertas.

Estas instalaciones acogerán a personas que huyen de sus países de origen a causa de conflictos armados, causas religiosas o incluso su orientación sexual. El centro de Vitoria forma parte de un plan nacional para abrir, además del alavés, al menos otros siete en el conjunto del país.